El Parlamento italiano celebró ayer una sesión extraordinaria -pero
no decisoria- para analizar la posibilidad de decretar una amplia
amnistía que beneficie a los condenados por delitos leves, a fin de
reducir el número de procesos pendientes -alrededor de nueve
millones- y aliviar las 206 masificadas cárceles del país, que
albergan hoy a 56.840 detenidos cuando su capacidad máxima es de
42.540.
La Constitución italiana establece que una eventual amnistía se
concede a través de una ley que debe obtener el respaldo por dos
tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado.
Desde 1948 hasta hoy se han concedido en Italia 21 amnistías, la
última en 1990, que afectaba a todos aquellos delitos no
financieros castigados con penas que no sobrepasaran los cuatro
años.
Al término del debate de ayer -protagonizado por 136 diputados
cuando lo habían convocado 206-, el presidente de la Cámara anunció
que el próximo 10 de enero la Comisión de Justicia preparará un
texto sobre la cuestión, que pasará a ser examinado de nuevo por el
Parlamento. Están a favor de la amnistía la gobernante Forza Italia
y los Verdes, mientras se oponen los también gubernamentales de la
Liga Norte y otros como los Demócratas de Izquierda prefieren el
indulto y no la desaparición del delito alegando que se trata de
«aligerar las cárceles y no las mesas de los fiscales».
Hace años que algunos representantes políticos italianos
reclaman una nueva amnistía, entre ellos el veterano líder de los
radicales, Marco Pannella, quien ha protagonizado varias huelgas de
hambre para que su petición de desalojar las prisiones de Italia de
los reos con delitos menores fuera escuchada.
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