04/09/08 0:00
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EFE-BANGKOK El ministro de Asuntos Exteriores tailandés, Tej Bunnag, presentó ayer su dimisión en plena crisis política desatada por las protestas que exigen la renuncia del primer ministro, Samak Sundaravej, y su Gobierno.

Fuentes oficiales indicaron que Bunnag, veterano diplomático y procedente de una las familias tailandesas entroncadas con la Corona, abandona el cargo que asumió el pasado 27 de julio por motivos personales.

Bunnag presentó su dimisión un día después de convocar a las embajadores acreditados para explicarles la situación y los esfuerzos del Gobierno para solventar la crisis. La renuncia tiene lugar después de que el director de Asuntos Políticos del ministerio, Poksak Nilubon, anunciara a principios de semana su cese por considerar que en la actual situación tenía seria dificultades para desempeñar su cometido.

Presión popular
Por otra parte, los manifestantes continuaron ayer atrincherados en la sede del Gobierno pese al estado de excepción decretado en Bangkok, donde al igual que el resto del país, la huelga convocada en las empresas públicas fue un fracaso. Cercados por varios miles de policías desplegados para prevenir brotes de violencia, los seguidores de la antigubernamental Alianza del Pueblo para la Democracia condicionaron el desalojo del recinto a la dimisión de Sundaravej y su Gobierno, objetivos de la protesta que iniciaron hace 102 días.

«Nuestra postura es firme: Sundaravej debe renunciar. Si no se va, no hablaremos con nadie», declaró Sondhi Limthongkul, fundador de la alianza, la organización cívica que el pasado 26 agosto tomó al asalto el palacio del Gobierno, en el casco antiguo de la capital.

Sundaravej, que no ha dado señal de que esté pensando en dimitir o disolver el Parlamento, decretó el martes el estado de excepción, después de que una persona muriera y otras 44 resultaran heridas en enfrentamientos entre partidarios de bandos políticos opuestos.

El estado de excepción, que no declara el toque de queda, permite al Ejército el empleo de la fuerza, le da poder para censurar la información de los medios de comunicación que «causen el pánico» o pongan en riesgo la seguridad del Estado, y prohíbe las reuniones públicas de más de cinco personas.