La publicación de los documentos podría dejar en una delicada situación política al primer ministro Gordon Brown, cuyo antecesor Tony Blair fue acusado por críticos de pasar por alto las iniciales reservas de los abogados respecto a lanzar la invasión para derrocar a Sadam Husein.
La oficina de Brown dijo que estaba considerando su respuesta al fallo, realizado por un tribunal que decide sobre peticiones de dar a conocer documentos bajo leyes de libertad de la información.
El tribunal dijo que era del interés público dar a conocer las actas de las discusiones del Gabinete y que este 'interés público' estaba por encima de otros derechos constitucionales.
Los documentos de dos reuniones del Gabinete celebradas en marzo del 2003 podrían revelar si los ministros eran conscientes de un aparente cambio de opinión sobre la legalidad de la invasión del entonces principal funcionario jurídico del Gobierno, el fiscal general lord Goldsmith.
Documentos dados a conocer previamente han mostrado que Goldsmith había planteado dudas sobre las bases legales de la guerra el 7 de marzo, días antes de que Blair ordenara el envió de tropas británicas.
Diez días después, cuando Gran Bretaña había fracasado en obtener una nueva resolución de Naciones Unidas autorizando una invasión, Goldsmith entregó al Gabinete y al Parlamento un pequeño consejo escrito sobre que la guerra era legal, y no mencionó dudas sobre una invasión para acabar con el régimen dictatorial de Sadam.
Blair negó que Goldsmith haya estado bajo presión política, pero partidos opositores acusaron al entonces primer ministro de engaño.
Tanto los demócratas liberales como los conservadores de oposición han pedido una completa investigación a la invasión a Irak liderada por Estados Unidos, a lo que el Gobierno se ha resistido por largo tiempo, mientras tropas británicas permanecen en Irak.
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