El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, reiteró ayer su intención de regresar al país y el nuevo jefe de Estado, Roberto Micheletti, la suya de hacerle detener, en un pulso en el que el primero tiene de su parte a la comunidad internacional y el segundo el apoyo de un sector de los hondureños. Zelaya anunció ayer desde Washington y luego desde Panamá, donde asiste a la investidura de Ricardo Martinelli, que regresará este fin de semana, cuando se cumpla el plazo de 72 horas (hasta el sábado) dado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al Gobierno de Micheletti para que le restituyan en la jefatura del Estado.
«Ha empezado la cuenta regresiva» para «un retorno ordenado y apoyado por todos los países de la OEA», dijo. «Hay 25.000 personas listas para impedírselo», le respondió desde Tegucigalpa el nuevo canciller hondureño, Enrique Ortez, mientras Micheletti advirtió que «en el momento en que él entre al país será trasladado a la cárcel». Micheletti, subrayó que Honduras es un país soberano, volvió a defender la legalidad de la situación política y acusó al gobernante venezolano, Hugo Chávez, de injerencia después de que la OEA le diera a su Gobierno un plazo de 72 horas para restituir a Zelaya en el poder.
Micheletti dijo confiar «en Dios, en que no nos aislemos del mundo», aunque «tenemos la fortaleza» para enfrentar la situación, al tiempo que continúan protestas, hasta ahora pacíficas, de seguidores y detractores de Zelaya en Tegucigalpa y otras ciudades.
En Honduras, donde según su nuevo presidente «hay tranquilidad», detractores y seguidores de Zelaya continúan manifestándose, sin que se hayan producido incidentes de importancia desde los enfrentamientos registrados el lunes entre policías y simpatizantes del depuesto mandatario en los alrededores de la casa presidencial. Pese a la ausencia de incidentes, la tensión es máxima en el país.
Por su parte, Estados Unidos ha decidido suspender sus actividades militares conjuntas con Honduras, después del golpe de Estado del pasado fin de semana, lo que afecta al destacamento que tiene desplazado en el país centroamericano. Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, los 600 soldados de este país están confinados en su acuartelamiento la base aérea Soto Cano, en Honduras, y «no realizan ejercicios con los militares hondureños».
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