La Iglesia católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar, en connivencia con el Estado, los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la Archidiócesis de Dublín, reveló ayer un informe elaborado por una Comisión, y cuyos delitos, aseguró el Gobierno, no quedarán impunes.
La Comisión presidida por la juez Yvonne Murphy expuso las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, el cual prometió ayer que los sacerdotes pederastas serán llevados ante la Justicia, al tiempo que calificó su «reino de terror», de «sistemático y calculado».
En esos mismos términos se expresó un «avergonzado y apenado» arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, tras conocer el escandaloso contenido del informe, de 700 páginas.
La connivencia entre componentes de la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el «prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos». Sea como fuere, el Gobierno se ha visto obligado, por segunda vez en lo que va de año, a pedir perdón públicamente e insistir en que los años de «abuso y secretismo» han acabado, por lo que anunció que la versión completa del informe se publicará próximamente.
Durante tres años, la magistrada examinó más de 100.000 archivos relativos a denuncias presentadas por 450 personas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de diecinueve miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.
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