Un grupo de víctimas de las inundaciones hacen cola de forma desesperada para recibir alimento de las organizaciones humanitarias. | DAMIR SAGOLJ

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El Gobierno de Pakistán ha calculado en 43.000 millones de dólares (más de 33.512 millones de euros) los daños causados por las devastadoras inundaciones de este monzón, pero sigue sin ofrecer a los donantes un ente supervisor de las ayudas internacionales, que rondan ya los 1.000 millones de dólares (casi 780 millones de euros).

Los organismos humanitarios centran por ahora sus esfuerzos en la asistencia a las personas en situación más grave de los 17,2 millones de damnificados, para quienes ya se han recaudado más de 1.000 millones de dólares de la comunidad internacional.

Nuevas donaciones

Pero mientras Pakistán hace caja con nuevas donaciones, el Gobierno es incapaz de crear el prometido organismo independiente supervisor de las ayudas, supuesto garante de que no caen en manos corruptas.

La ONU urgió el pasado martes a las autoridades locales a que tengan listo este ente antes del próximo día 19, cuando está convocada una nueva sesión de la Asamblea General para abordar la situación.

El primer ministro, Yusuf Razá Guilani, había anunciado a mediados de agosto la creación del Consejo Nacional de Supervisión de la Gestión de Desastres, que estaría compuesto por destacadas personalidades de distintos ámbitos con el cometido de garantizar transparencia en la distribución de las ayudas.

Analistas políticos expusieron que algunos de los candidatos independientes a integrar el consejo se han negado a ello para evitar ser relacionados con la gestión de la catástrofe por parte del Gobierno.

Una fuente diplomática occidental aseveró que el presidente, Asif Alí Zardari, es reacio a que el organismo tenga un «verdadero control» sobre los fondos recibidos, y es más partidario de que se convierta en algo «meramente simbólico».

A estas críticas se unió Sidiq Faruq, portavoz del principal partido opositor, la Liga-N, quien aseguró que el Ejecutivo «no quiere una comisión limpia». «Hemos repetido que hay una cuestión de credibilidad. La comisión debería estar compuesta por gente honrada», afirmó.