Pere Sampol, senador por Balears, y Joan Carrero, presidente de la Fundació s'Olivar, ante el edificio de la ONU. | Photographer: Bartomeu Amengual

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El Consejo de Ministros aprobó ayer solicitar a Suráfrica la extradición del general ruandés Kayumba Nyamwasa, reclamado por la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y lesa humanidad como presunto responsable de la muerte de cuatro españoles en los años noventa en Ruanda.

La noticia fue recibida con satisfacción por la plataforma Prou impunitat a Ruanda, cuyos delegados, Joan Carrero -presidente de la Fundació s'Olivar- y Pere Sampol -senador del PSM-Entesa Nacionalista-, se encuentran en la sede de la ONU, en protesta por la copresidencia de la cumbre para la revisión de los Objetivos del Milenio del presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusado también de genocidio y de crímenes contra la humanidad.

La solicitud del Ejecutivo español será cursada a Suráfrica, país en el que se encuentra actualmente exiliado Kayumba Nyamwasa, que no está detenido.

Delitos

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acusa a Nyamwasa, 'número dos' de Kagame, y a otros 39 militares ruandeses de genocidio y delitos de lesa humanidad, terrorismo y torturas cometidos durante el conflicto declarado en los años noventa entre hutus y tutsis en Ruanda, en el que más de cuatro millones de personas resultaron muertas o desaparecidas.

El general Faustin Kayumba Nyamwasa fue miembro entre 1996 y 1997 del grupo militar Armée Patriotique Rwandiese (APR), que tenía por finalidad la toma del poder en Ruanda.

También participó en la realización de ataques sistemáticos y planificados contra la población civil, en desapariciones forzadas y crímenes contra el derecho internacional, organizando y ejecutando atentados terroristas.

Víctimas españolas

Entre sus víctimas se encuentran cuatro ciudadanos españoles: el misionero Joaquim Vallmajó y los miembros de la ONG Médicos del Mundo Maria Flors Sirera Fortuny, Manuel Madrazo Osuna y Luis Valtueña Gallego.

La actuación judicial nació a partir de una querella criminal interpuesta por la Fundació s'Olivar, presidida por Joan Carrero, y otras organizaciones, y financiada desde el principio por el Fons Mallorquí de Solidaritat. Se trata, por tanto, de una gran victoria internacional liderada por los movimientos de solidaridad de Mallorca.

Joan Carrero definió anoche desde Nueva York la decisión como el principio del fin de Kagame, al que la comunidad internacional está dando la espalda después de muchos años de hacer oídos sordos a las denuncias en su contra. Para los promotores de esta decisión adoptada por el Gobierno español, se trata de un movimiento de trascendencia internacional que abre las puertas, además, al diálogo entre hutus y tutsis.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó ayer su disposición a imponer sancionar a los líderes rebeldes responsables de la violación de cientos de civiles en los últimos meses en la región oriental de la República Democrática del Congo (RDC).