El presidente de Bolivia, Evo Morales, afrontó ayer la creciente ola de protestas provocada por el aumento del precio de los carburantes o «gasolinazo» con un decreto que subirá los salarios de los trabajadores en un 20% en 2011.
En un mensaje emitido la noche del miércoles, el gobernante izquierdista dijo que firmó el decreto que establece el aumento en un 20% del salario mínimo nacional (95 dólares) para el siguiente año.
El mismo porcentaje subirán los salarios de la policía, las fuerzas armadas los trabajadores médicos y maestros, que son el grueso de los funcionarios estatales.
Morales precisó que los empleados de la administración gubernamental que no reciban ese aumento salarial se beneficiarán con un «doble aguinaldo», salvo en su caso, en el del vicepresidente, de los ministros y viceministros.
Responsabilidad
El gobernante dijo que actuaba con «responsabilidad» porque el dinero del Estado que iba a subvencionar los combustibles, una parte de los cuales salía de contrabando a otros países, se distribuirá en los salarios. «Soy responsable con lo que dije: esa plata, en vez de que se vaya, se queda acá. Histórico», sostuvo Morales.
Sin embargo, no habló de cuál será la situación salarial del sector privado, pero tradicionalmente éste negocia los incrementos con la referencia fijada en el sector estatal y la inflación anual.
Pese a la medida, miles de manifestantes destrozaron oficinas estatales y se enfrentaron a la policía en algunas ciudades bolivianas, en rechazo a la subida del coste de los carburantes, de entre un 57% y un 82%.
Las protestas se produjeron en El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija, si bien el Ejecutivo las minimizó y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sostuvo que la mayoría de las capitales regionales vivían «una relativa normalidad».
La mayor y más violenta movilización, realizada por varios miles de manifestantes, unió con una marcha El Alto y La Paz, gritando consignas contra Morales. En El Alto, los manifestantes destrozaron a pedradas una oficina sindical, otra de una federación de juntas vecinales, una municipal, quemaron y saquearon oficinas estatales de cobro de peaje de la autopista que une esa ciudad con La Paz y obligaron a su paso a cerrar todos los comercios.
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