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La juez de instrucción que ha dirigido la investigación sobre los atentados islamistas del 7 de julio de 2005 en Londres, que costaron la vida a 52 personas, afirmó hoy que no hubo negligencia oficial que propiciara o agravara la matanza.

La juez Heather Hallet leyó sus conclusiones ante supervivientes y familiares de las víctimas y declaró que las pruebas «no justifican concluir que hubo fallos por parte de alguna organización o individuo que causaran o contribuyeran a las muertes».

Tras cinco meses de proceso judicial, Hallet manifestó que los fallecidos fueron víctimas de un «unlawful killing» (homicidio doloso) e hizo una serie de recomendaciones para prevenir y afrontar en el futuro con mayor eficacia las acciones terroristas.

Los atentados cometidos por Mohammed Sidique Khan, de 30 años, Shehzad Tanweer (22), Hasib Hussain (18) y Jermaine Lindsay (19) en tres líneas de metro y en un autobús urbano fueron los más graves cometidos contra el Reino Unido en suelo británico.

La magistrada consideró que las 52 víctimas hubieran fallecido «independientemente del momento en el que los servicios de emergencia y de rescate lograran llegar hasta ellos».

Los supervivientes y familiares de las víctimas denunciaron que los protocolos existentes en aquel momento obstaculizaron la llegada de los servicios médicos y los bomberos hasta el lugar de las explosiones, que hubo una deficiente comunicación entre ellos y que los servicios de inteligencia pudieron evitar la matanza.

Desde que la investigación comenzó en octubre, se escucharon los testimonios de bomberos y paramédicos, que explicaron que las normas referentes al acceso a lugares potencialmente peligrosos retrasaron su bajada hasta los vagones de metro objeto de los atentados.

También se conoció durante este tiempo que el servicio de ambulancias de la capital británica no envió a todo su personal disponible aquel día, pese a las peticiones de quienes ya se encontraban en el lugar de las explosiones.

Una vez que los servicios de emergencia bajaron hasta los andenes y los túneles donde se encontraban los vagones destruidos fueron incapaces de transmitir mensajes con rapidez a sus compañeros, porque las radios y los teléfonos móviles no tenían cobertura.

Se supo igualmente que hubo una confusión generalizada sobre los lugares exactos de los atentados, lo que supuso que algunos equipos de rescate fueron enviados a lugares equivocados.

Aunque las bombas en el metro no explotaron hasta las 08.50 horas, el primer camión de bomberos no llegó hasta la estación de Edgware Road hasta las 09.18, mientras que la primera ambulancia no estuvo operativa en las estación de Aldgate hasta las 09.14.

Los esfuerzos para atender a los heridos también se vieron frenados por la falta de camillas y de artículos esenciales de primeros auxilios, como vendas, analgésicos y desfibriladores.

Pero la mayor frustración de las familias venía de las informaciones acerca de que el MI5, el servicio de inteligencia del ministerio del Interior, conocía el potencial peligro de Khan, el líder del grupo, y de Tanweer, su número dos, antes del 7-J.

Según se reveló durante la investigación, el MI5 disponía de una clara fotografía en color de los dos terroristas tomada en una gasolinera en febrero de 2004, que nunca fue enseñada a un contacto que este servicio tenía en Al Qaeda y que había coincidido con Khan en un campamento en Pakistán donde se entrenaba a los terroristas.

Los familiares y supervivientes quieren ahora que las recomendaciones que haga la jueza no se queden en una mera declaración de intenciones, sino que comprometa a las autoridades británicas a emprender las reformas necesarias de sus servicios.