En tan sólo tres días, para calmar las turbulencias de los mercados, el Gobierno italiano ha conseguido cerrar un ambicioso plan de ajuste introduciendo nuevas medidas y recortes para aumentar a 79.000 millones de euros de los 47.000 millones al inicio previstos.
Al igual que ayer en el Senado, el Gobierno pedirá, alrededor de las 16.00 GMT, un voto de confianza a la Cámara para aprobar rápidamente el decreto, que de esta manera será operativo ya desde el lunes.
Los medios de comunicación italianos afirman que hoy es posible que asista a la votación en la Cámara el presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi.
El plan consta de cuatro fases de recortes: 3.000 millones de euros para 2011, 6.000 millones de euros para 2012, y 25.000 y 45.000 millones de euros para 2013 y 2014, respectivamente, lo que deja el mayor peso de ahorro para la próxima legislatura.
A pesar de las ambiciosas cifras, la presidenta de la patronal italiana, Confindustria, Emma Marcegaglia, explicó que «se podría haber realizado mayores recortes al gasto publico y menos aumentos de impuestos. Se podría haber razonado sobre mayores liberalizaciones y privatizaciones».
El texto prevé recortes de 21.600 millones de euros a las regiones y entes locales y la limitación en el uso de los vuelos de Estado, salvo a los presidentes del Gobierno, de la República y de la Cámara baja y alta, quienes tampoco se verán afectados por la restricción en los coches oficiales.
En total, según los cálculos de la prensa italiana, se recaudaran «sólo» 8 millones de euros de los gastos de la política.
Además, el sindicato mayoritario del país, CGIL, ha publicado un estudio en el que asegura que con las nuevas medidas aumentará la presión fiscal a las familias que pasarán de pagar una media de 1.200 euros anuales a 1.800 euros de impuestos.
Entre estas, algunas afectarán a los bolsillos de los italianos pues reintroduce además el copago en la sanidad, por el que los italianos tendrán que pagar 10 euros para visitas con médicos especialistas y 25 euros por los servicios de urgencias no considerados de gravedad.
«Se trata de un plan que empezó con la intención bajar los impuestos y lo único que ha hecho es aumentar la presión fiscal para los trabajadores, jubilados y empresas», explicó Susanna Camusso, secretaria general del CGIL.
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