Berlusconi evita la condena del juicio Mills ante la prescripción del delito

En medio de una gran expectación y en ausencia de Berlusconi, las tres juezas encargadas del caso, Francesca Vitale, Antonella Lai y Caterina Interlandi, anunciaron su decisión final sobre el proceso en primer grado contra el político y empresario, para quien la Fiscalía de Milán pedía una pena de 5 años de prisión.

Vitale, en calidad de presidenta del tribunal, indicó que no «había lugar a proceder» contra Berlusconi puesto que se considera prescrito el delito, un fallo que, a pesar de que lo consideraron un «éxito», no terminó de satisfacer a los abogados de Berlusconi, quienes pedían además una absolución que no ha llegado.

El caso Mills, llamado así por el letrado británico David Mills, juzgaba el supuesto pago de unos 600.000 dólares por parte de Berlusconi al abogado a cambio de su testimonio favorable en dos juicios por corrupción de funcionarios y financiación ilegal de partido en los que resultó absuelto en los años 90.

El juicio, que comenzó en marzo de 2007 con el propio Mills también como imputado, tuvo que ser dividido en dos procesos paralelos en 2008 debido a que una ley de inmunidad, el ya invalidado «Laudo Alfano», permitió que quedara suspendido el caso contra Berlusconi, entonces jefe de Gobierno.

El juicio contra Mills continuó de modo normal y el abogado británico fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por corrupción en acto judicial en primera y segunda instancia en 2009, pero el Tribunal Supremo italiano declaró prescrito el delito el 25 de febrero de 2010, justo hoy hace dos años.

Es aquí donde estriba la principal particularidad de este caso: la prescripción del delito cometido por Mills se produjo antes, puesto que el contador del plazo para que prescriban los hechos delictivos (con esta acusación diez años) se detenía cada vez que una ley de inmunidad impedía el desarrollo habitual del juicio a Berlusconi.

Además existía divergencia de opiniones en el momento en el que había empezado la cuenta atrás para la prescripción del delito, pues el Supremo consideró en el juicio a Mills como fecha noviembre de 1999, cuando el abogado dio la orden de recibir el pago por su falso testimonio, frente a febrero de 2000, como aseguraron los jueces en primera y segunda instancia.

A la espera de conocer el contenido íntegro del fallo del juicio a Berlusconi, en el aire queda el hecho de que Mills fuera condenado como objeto del soborno, lo que lleva a pensar, según los expertos juristas, que «il Cavaliere» será declarado sujeto del mismo por el Tribunal de Milán.

Es por esto que el fallo de las magistradas, en el que además de la prescripción no se declara la inocencia de Berlusconi, ha generado el inconformismo de la defensa del ex primer ministro, que, en boca del abogado Piero Longo, aseguró que «una sentencia así es para impugnarla toda la vida».

Con muestras evidentes de malestar, el fiscal de Milán que había llevado el caso, Fabio de Pasquale, respondió con un «es inútil comentar» a los numerosos periodistas que le pedían una valoración sobre el resultado de un juicio que empezó en marzo de 2007.

En todo este tiempo, Berlusconi ha asegurado que no recuerda haber conocido a Mills porque era uno de los muchos abogados que el grupo Fininvest (de su propiedad) tenía en el extranjero, y que los 600.000 dólares corresponden al pago en dinero negro al letrado por parte de un armador italiano para eludir al fisco británico.

Durante el juicio, ese armador, Diego Attanasio, negó todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Berlusconi y afirmó que el dinero que recibió Mills no era suyo.

Convencido de que la prescripción del supuesto delito de corrupción en acto judicial imputado a Berlusconi no llegaría, como muy pronto, hasta mayo, De Pasquale se plantea ahora si recurrir ante el Supremo, pues antes tiene que esperar a que las juezas depositen las motivaciones de su fallo.

Berlusconi, quien ya se ha librado de una condena en otros cinco procesos por la prescripción, tiene ahora pendientes en el Tribunal de Milán el juicio Ruby (incitación a la prostitución de menores y abuso de poder), el Mediaset (fraude fiscal), así como el caso Unipol (participación en la revelación de secreto profesional).