El Tribunal Constitucional declaró invalida la ley que rigió los comicios a principios de 2012 a la Cámara alta o Consejo de la Shura y la composición de la ya disuelta Asamblea Constituyente, lo que abre la puerta a la posible disolución de la primera y a la anulación de los trabajos de la segunda.
Para el alto tribunal, la norma vigente durante las elecciones a la Shura, en las que triunfaron los Hermanos Musulmanes, permitió que los partidos presentaran candidatos a un tercio de los escaños de la Cámara reservados a independientes, lo que contradice la Constitución.
Un argumento similar defendió la misma instancia judicial hace un año cuando consideró inconstitucional la composición de la Cámara baja o Asamblea del Pueblo, lo que acarreó su disolución y que la Cámara alta asumiera todo el poder legislativo.
En este caso, el tribunal ha resuelto que la Shura no se disuelva hasta que se celebren los próximos comicios a la Asamblea del Pueblo, cuya fecha aún no se ha determinado por otra batalla que se libra en los tribunales.
Respecto a la Asamblea Constituyente, que redactó la Carta Magna aprobada en diciembre pasado en un referéndum popular, la Corte cree que es ilegal su composición porque sus integrantes fueron miembros de las dos cámaras del Parlamento.
Tras esta sentencia, será la Justicia administrativa la que tendrá que estudiar si anula el trabajo de dicha asamblea.
La Presidencia egipcia señaló que la Cámara alta seguirá desempeñando su papel legislativo completo hasta que se formen todas las instituciones del estado y se traspase ese poder a la Cámara baja, conforme a la Carta Magna.
Sin embargo, algunos juristas han planteado que la Shura solo tendría potestad en este periodo para aprobar la ley electoral que regule esas elecciones.
En un comunicado, la Presidencia subrayó también que «todas las autoridades del Estado protegen y respetan» la Constitución aprobada en referéndum».
Sobre las repercusiones del fallo de hoy, ninguna de las fuentes consultadas por Efe, tanto islamistas como de la oposición, auguró que vaya a traer grandes cambios a la escena política egipcia.
El abogado constitucionalista Nur Farahat consideró que «la sentencia no llevará a la anulación de la Constitución porque la Justicia administrativa es la única que puede invalidar la asamblea».
Aun así, predijo que el tribunal administrativo no va a aceptar a trámite este caso porque la Asamblea Constituyente ya acabó su trabajo en el pasado.
En opinión del abogado islamista Mamduh Ismail, el Constitucional quiso hoy satisfacer a todas las partes, por lo que emitió una orden para invalidar la Shura pero al mismo tiempo estipuló que siga funcionando hasta elecciones.
Por otro lado, la invalidación de la Asamblea Constituyente no afectará a la Carta Magna «porque ya está redactada, y como los que la hicieron sabían que esto iba a ocurrir adoptaron la inmunidad necesaria para acabarla rápido», apuntó el letrado.
Ismail se refería a la declaración constitucional adoptada por Mursi en noviembre pasado por la que blindó sus poderes ante la Justicia para permitir que la Asamblea Constituyente, boicoteada por la oposición, culminara su trabajo.
Para el opositor y Premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei, es necesario que los egipcios empiecen con «armonía» a preparar una nueva ley electoral y a formar una nueva asamblea de consenso que modifique la Carta Magna.
La orden de hoy es un episodio más de la larga historia de desencuentros entre la Justicia y los Hermanos Musulmanes, que se consideran perjudicados por las decisiones de los magistrados, a los que acusan de ser remanentes del régimen del derrocado presidente Hosni Mubarak (1981-2011).
No es la primera vez que el Constitucional se cuestiona la validez de medidas adoptadas durante la transición o de decisiones del presidente.
En el marco de ese tira y afloja, la Cámara alta del Parlamento estudia actualmente un polémico proyecto de reforma del poder judicial, que pretende establecer que los jueces se jubilen a la edad de 60 años en vez de a los 70, lo que supondrá el retiro de algunos magistrados que llevan ejerciendo desde el régimen anterior.
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