En declaraciones a la prensa, Tavyib abdel Rahim, jefe de la oficina del presidente palestino, Mahmud Abas, calificó de ilegales esas ejecuciones, ya que las sentencias fueron dictadas al margen de la ley palestina e implantadas sin la requerida autorización de la presidencia.
«El ajusticiamiento fue una acción a sangre fría y de acuerdo a la ley de Hamás, que es simple: quien no está con nosotros está contra nosotros», denunció Abdel Rahim, citado por la agencia de noticias local Maan.
El responsable también acusó al movimiento islamista de castigar a los disidentes políticos en la Franja incluso antes de la actual ofensiva israelí, en la que los bombardeos han segado ya la vida de más de 2.050 palestinos, en su mayoría civiles.
Las ejecuciones son «rechazadas y condenadas» por el pueblo palestino y son una reminiscencia de las ejecuciones sumarias que llevan a cabo otros grupos wahabíes (extremistas suníes) e Oriente Medio, aseguró Abdel Rahim, en aparente alusión al denominado «Estado Islámico», que esta semana degolló a un periodista de EEUU.
«Instamos a las instituciones legales y defensa de los derechos humanos en Palestina, y en particular en Gaza, que condenen estos actos que ofenden al pueblo palestino para poder preservar la unidad nacional», concluyó.
Las ejecuciones tuvieron lugar apenas 48 horas después de que información de Inteligencia israelí permitiera al Ejército matar a tres altos comandantes de las brigadas «Azedim al Kasam», brazo armado del movimiento islamista Hamás, en un bombardeo.
Once de los presuntos colaboradores fueron tiroteados en una comisaría y siete más ajusticiados en público, delante de la conocida mezquita Al Omari.
«Estaban del lado de Israel, dieron información sobre la ubicación de los túneles y bombas trampa para los tanques, así como información sobre los hogares de los luchadores, del lugar desde donde lanzamos los cohetes», explicaron, por su parte, las brigadas en las redes sociales.
«El resultado de estas colaboraciones es la muerte de miles de personas en Gaza», argumentaron.
El delito de colaboracionismo con Israel está contemplado en la ley palestina y conlleva la pena de muerte.
Sin embargo, la aprobación final de la ejecución de la misma es prerrogativa del presidente, Mahmud Abas, cuya autoridad Hamás no reconoce.
La comisaria de derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, condenó el pasado año este tipo de procesos en Gaza y los calificó de decisión errónea.
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La mal llamada Autoridad Palestina, si juzgamos por la poca autoridad que tiene en Gaza, dominada por Hamas.