En una rueda de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República, (PGR, fiscalía), Jesús Murillo, anunció la detención de tres miembros del grupo criminal Guerreros Unidos -Patricio Reyes, Jhonatan Osorio y Agustín García-, quienes dijeron haber asesinado a los jóvenes y quemado sus cuerpos.
«No tengo ninguna duda de que allí hubo un homicidio masivo, ¿qué tengo que hacer ante esa certeza? Identificarlos», señaló Murillo al presentar una reconstrucción de los hechos.
Aclaró que a los estudiantes «los quemaron» y «enterraron con todo y ropa» en un vertedero del municipio de Cocula, adyacente a Iguala, después de ser detenidos el pasado 26 de septiembre por policías municipales corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron.
El fiscal detalló que los tres detenidos fueron capturados «hace ocho días», justo cuando la PGR llevó a la prensa nacional e internacional hasta el vertedero.
Hasta el momento han sido capturadas 74 personas por este caso y están por cumplimentarse diez órdenes de aprehensión, entre ellas la del secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores.
En su relato, Murillo reveló que antes de ser incinerados algunos de los estudiantes «estaban muertos o inconscientes».
Tras prender fuego a los cuerpos amontonados, los tres autores confesos vigilaron la fogata durante más de 14 horas y cuando se apagó la hoguera y se enfrió, metieron los restos de ceniza y huesos en ocho bolsas de basura y los tiraron a un río cercano.
Casi todas las bolsas se rompieron, pero hubo dos que se lanzaron al río intactas y, tras una búsqueda en el agua, se encontró una de ellas cerrada y llena de los restos que van a ser analizados.
«Hay muchos indicios que nos podrían indicar que son» ellos, dijo el fiscal, pero «la obligación de la autoridad» es «mantener la investigación hasta que tengamos una plenitud total» y se hagan todos los esfuerzos para identificar los restos.
Por esta razón, la fiscalía seguirá considerando a los jóvenes como «desaparecidos» hasta que los restos sean identificados por un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck (Austria) al que se ha encargado la tarea.
Se trata de estudios «de ADN mitocondriales» que son «complicados por la extrema calcinación de los restos», por lo que no hay fecha definida para la entrega de los resultados, reconoció Murillo.
Respecto al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, detenidos esta semana después de huir de la justicia durante más de un mes y señalados como autores intelectuales del crimen, el fiscal reiteró que el edil dio la orden de reprimir a los estudiantes el día en que desaparecieron.
Pocos minutos después, el presidente Enrique Peña Nieto admitió en un acto público que los «hallazgos presentados» por el fiscal «indignan y agravian», y prometió continuar los esfuerzos para llegar la verdad y castigar a todos los que participaron en esos «crímenes abominables».
Las explicaciones de la Fiscalía, que en México depende del Ejecutivo, y de Peña Nieto no dejaron satisfechos a los familiares de las víctimas, que pocos minutos después expresaron su indignación desde la Escuela Normal (de magisterio) Rural de Ayotzinapa (Tixtla, Guerrero), a la que pertenecían los jóvenes.
«Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos», afirmó a la prensa Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares de los desaparecidos.
De la Cruz acusó al Gobierno de seguir «torturando de manera descarada» a los familiares y de intentar cerrar el caso antes del viaje de Peña Nieto este fin de semana a Asia, una muestra -dijo- de su «irresponsabilidad» ante los problemas del país.
La Normal de Ayotzinapa, fundada en 1926 para dar educación a hijos de campesinos y obreros, tiene un largo historial combativo, una ideología de herencia comunista y es considerado un semillero de líderes guerrilleros, pues de allí salieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Según versiones filtradas a la prensa, un líder de Guerreros Unidos detenido en las últimas semanas declaró que el día de la desaparición de los jóvenes, que se habían apoderado de varios autobuses privados para desplazarse, entre ellos se encontraban miembros del grupo mafioso Los Rojos, sus rivales en la zona.
Murillo aclaró que «no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno».
Amnistía Internacional lamentó hoy que Murillo no admitiera que es un «crimen de Estado» y aseguró que las líneas de investigación «han sido limitadas e incompletas».
El fiscal reconoció que se trata de un «caso típico de desaparición forzada» y de homicidios, pero descartó «un crimen de Estado», algo que -añadió- «es una cosa mucho mayor».
De visita en México, la premio nobel de la paz Jody Williams aseguró que aunque el país no está en guerra formal, «lleva décadas de conflicto», en alusión al caso de Iguala.
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