La Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país, dio luz verde al texto después de acometer esta semana la tercera lectura de la propuesta de ley, que da amplios poderes al Gobierno e impone restricciones a la hora de informar sobre actos terroristas.
El borrador ratificado por los legisladores incluye, además, una cláusula para permitir el envío de tropas chinas al extranjero para participar en misiones antiterroristas.
Las autoridades chinas se limitaron a anunciar la aprobación de la ley, aunque no publicaron el contenido completo de la nueva norma.
Las autoridades chinas venían alertando en las últimas semanas de las crecientes amenazas terroristas que afronta el país y la agencia oficial de noticias Xinhua calificó la nueva ley como «el último intento para solucionar el terrorismo en casa y ayudar a mantener la seguridad mundial».
Hasta hoy, China no tenía una legislación específica para la lucha contra el terrorismo, que dependía de normativas como la Ley Criminal o la Ley de Respuesta de Emergencia.
Países como Estados Unidos han mostrado públicamente su preocupación por esta ley antiterrorista y su presidente, Barack Obama, así se lo manifestó a su homólogo chino, Xi Jinping, en uno de sus últimos encuentros.
En respuesta a estas críticas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hong Lei manifestó este miércoles en rueda de prensa que el país tiene derecho a promulgar esa legislación y que buscará, a la hora de aplicarla, «un equilibrio entre la lucha antiterrorista y la protección de los derechos humanos».
Uno de los motivos de inquietud es que el último borrador de la norma obligaba a las empresas tecnológicas, tanto locales como extranjeras, a instalar «puertas traseras» en sus sistemas para permitir el acceso del Gobierno.
Además, requería a las compañías con servidores y datos de usuarios en China facilitar a las autoridades los registros de sus informaciones, los códigos de encriptación y a censurar cualquier contenido vinculado al terrorismo.
Otro apartado polémico de la ley es el relativo a las restricciones informativas, ya que el borrador estipulaba que las «instituciones o individuos no podrán generar ni divulgar información sobre incidentes terroristas» o «dar detalles que puedan incitar a la imitación».
La ley antiterrorista se aprueba un día después de que el Gobierno chino confirmara la expulsión de la periodista francesa Ursula Gauthier, corresponsal en Pekín de Le Nouvel Observateur (L'Obs), por un artículo sobre el terrorismo.
Exteriores acusó a la reportera de «defender actos terroristas» a raíz de ese reportaje, en el que se abordaba la respuesta de las autoridades chinas a los atentados de París de noviembre.
Además, el proyecto la ley presentado esta semana autorizaba el envío de soldados fuera del país para participar en misiones antiterroristas, una cláusula que, junto a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en julio, allana el camino para un cambio en la política de no intervención militar de China en el exterior.
La aprobación de esta norma llega en un momento de creciente sensibilidad respecto al terrorismo, tras los ataques en París, el derribo de un avión comercial ruso en la península del Sinaí en octubre o los asesinatos cometidos por el grupo terrorista yihadista Estado Islámico (EI).
Varios ciudadanos chinos, de hecho, han sido víctimas directas del terrorismo internacional, como Fan Jinghui, secuestrado por el EI en Siria y posteriormente asesinado, o los tres directivos de una empresa de ferrocarriles que fallecieron en el ataque yihadista a un hotel en Bamako en noviembre.
Además, el Gobierno chino vincula con grupos yihadistas extranjeros los ataques registrados en la región de Xinjiang (noroeste), hogar de la minoría étnica musulmana uigur.
Sin embargo, grupos de uigures en el exilio denuncian que la violencia que sufre esa región es fruto de la represión del Gobierno sobre esa minoría, así como de las tensiones con la etnia han, la mayoritaria en el país.
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