«Si Reino Unido ignora el dictamen, que es legalmente vinculante, estaría violando la ley. Reino Unido y Suecia deben reconocer que han perdido», ha declarado el fundador de Wikileaks por videoconferencia en el marco de una rueda de prensa coprotagonizada por sus representantes legales, entre ellos el ex magistrado español Baltasar Garzón.
El ex juez ha recordado que «las decisiones del grupo de trabajo son imperativas y universales», y por lo tanto «se trata de un procedimiento al que están sometidos los miembros de la ONU».
Para Assange, «la de hoy ha sido una victoria muy importante». «Ha puesto una sonrisa en mi rostro», ha declarado Assange, quien en repetidas ocasiones a lo largo de su videoconferencia ha dicho echar de menos a su familia.
CRUCE DE CRÍTICAS CON EL MINISTRO DE EXTERIORES BRITÁNICO
Parte de la comparecencia de Assange ha estado centrada en las críticas formuladas por el ministro de Exteriores británico, que ha tachado de «ridículo» el dictamen de la ONU; declaraciones «insultantes» en opinión de Assange.
«Los comentarios de Hammond están por debajo de la altura de un ministro de Exteriores. Si bien entiendo los imperativos políticos que guían a los responsables suecos y británicos para aparentar que tenían razón en el pasado, el hecho es que no. La decisión de Naciones Unidas es inapelable», ha sostenido.
Además de desmerecer el dictamen, Hammond expresó su rechazo frontal a las conclusiones del Grupo de Trabajo, que describió como «un grupo de novatos y no de abogados"; un comentario repudiado a su vez por el ex juez Garzón. «Parece poco serio», apuntó el magistrado, «que cuando la decisión es adversa digan que es irrelevante.
EL DICTAMEN
El Grupo de Expertos de la ONU sobre Detención Arbitraria ha dictaminado este viernes que Assange, «fue arbitrariamente detenido por los gobiernos de Suecia y Reino Unido» y por tanto su detención debería terminar y se le debería conceder «el derecho de compensación».
En su decisión, hecha pública mediante un comunicado, solicitan a Suecia y Reino Unido que evalúen la situación de Assange «para garantizar su seguridad e integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho a la libertad de movimientos y garantizar que goza plenamente de sus derechos garantizados por las normas internacionales sobre detención».
El texto repasa el caso del fundador de Wikileaks recordando que estuvo diez días en aislamiento en diciembre de 2010 en una prisión británica a petición del fiscal sueco, tras lo cual fue puesto bajo arresto domiciliario durante 550 días antes de solicitar asilo a Ecuador y refugiarse en su Embajada en Londres en junio de 2012.
En este tiempo, según los expertos, Assange «ha sido sometido a distintas formas de privación de libertad: la detención inicial en la prisión de Wandsworth seguida por el arresto domiciliario y su confinamiento en la Embajada ecuatoriana».
«Tras concluir que hubo una privación continuada de la libertad, el Grupo de Trabajo también ha considerado que la detención fue arbitraria porque estuvo bajo aislamiento durante la primera fase de la detención y por la falta de diligencia del fiscal sueco en sus investigaciones, que tuvieron como resultado la prolongada detención de Assange».
No obstante la decisión no ha sido unánime. Según ha precisado el Grupo de Trabajo en su comunicado, una de sus cinco miembros, de nacionalidad australiana como Assange, «se recusó de participar en las deliberaciones», mientras que otro miembro «estuvo en desacuerdo con la postura de la mayoría y consideró que la situación de Assange no es de detención y por tanto queda fuera de las competencias» de este ente.
EL CASO ASSANGE
Assange lleva recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio de 2012, cuando solicitó asilo político al país sudamericano. Aunque éste se lo concedió, Reino Unido se negó a darle un salvoconducto, insistiendo en que tiene la «obligación legal» de extraditarle a Suecia.
El fundador de Wikileaks fue objeto en 2010 de cuatro denuncias por violencia sexual en Suecia, de las cuales ya han prescrito tres, aunque aún sigue vigente el cargo más grave, el de violación, que no decaerá hasta 2020.
Assange solicitó asilo político argumentando que se encuentra en un «estado de indefensión» ante la posibilidad de que, una vez en Suecia, sea extraditado a Estados Unidos, donde supuestamente se está celebrando un juicio secreto, sin que Australia --su país de origen-- lo impida.
El fundador de Wikileaks asegura que es víctima de una «persecución política» por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países.
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