«La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (...) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad», concluye Almagro en un informe de 132 páginas publicado hoy en la página web de la OEA.
El excanciller uruguayo (2010-2015) «sustenta» ese diagnóstico en las denuncias que le trasladó en las últimas semanas la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y en sus propias conclusiones explicadas exhaustivamente en este largo documento elaborado por él.
Así, recurre al artículo 20 de la Carta para «solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016», fechas que coinciden en parte con la Asamblea General del organismo, en la que participan los cancilleres y que se celebrará entre el 13 y 15 de junio en Santo Domingo (República Dominicana).
Almagro se convierte de este modo en el primer titular de la OEA en activar la carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno y lo hace amparándose en el artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado a pedir la convocatoria inmediata del Consejo cuando en un país «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
«La continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere a equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país lo cual afecta al pleno goce de los derechos sociales de la población», argumenta Almagro en su informe.
«Todo ello implica que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas», concluye.
Con este paso sin precedentes en la OEA se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras en 2009.
En la práctica, la suspensión implica que el país deja de participar en las actividades y los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.
La urgencia con la que Almagro anunció este esperado paso, a primera hora y en el primer día laborable después del fin de semana del «Memorial Day» en Estados Unidos, llega después de que la misión de Argentina en la OEA solicitara a última hora del lunes una reunión del Consejo Permanente para abordar este miércoles la situación de Venezuela y consensuar una declaración al respecto.
Según informaron fuentes diplomáticas, Argentina y un grupo notable de países en la OEA están buscando una manera de actuar en el caso venezolano que sea más conciliadora que la activación de la Carta Democrática, proceso por el que ha apostado Almagro de manera personal pese a las reticencias de la mayoría de Estados miembros.
La Carta Democrática es un recurso muy sensible no solo porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización del Estado afectado, salvo en el golpe de Estado de Honduras de 2009 por no haber Gobierno legítimo en el poder.
La misión de Venezuela en la OEA argumenta que Almagro no puede aplicar la carta porque eso solo puede hacerse cuando «un Estado lo pide o lo autoriza a otros Estados» o cuando «no hay Gobierno legítimo tras un golpe de Estado».
Esos son los supuestos por los que se había recurrido la Carta hasta ahora: porque el propio Estado ha pedido la asistencia de la organización (artículo 17) o porque un grupo de Estados ofrecieron ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18) o «al producirse una ruptura del orden democrático» (artículo 19), el que se usó tras el golpe de Estado de Honduras.
Sin embargo, el artículo al que ha recurrido Almagro es el 20, que nunca se ha aplicado y que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».
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