Según la denuncia, la Archidiócesis habría retirado 500.000 dólares de una de sus cuentas antes de que el juez Anthony Cuevas Ramos emitiera el pasado mes de marzo una orden de embargo contra la Iglesia Católica como parte de la demanda de maestros jubilados de escuelas de esa confesión que llevan dos años sin cobrar sus pensiones.
La Iglesia Católica asegura no contar con fondos para pagar las pensiones de los que fueron sus maestros durante décadas, personas, algunas, de edad avanzada y que necesitan esos pagos, que pueden oscilar entre los 100 y 300 dólares, para llegar a fin de mes.
La Archidiócesis presentará un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos -país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado- para levantar los embargos, que según medios locales han motivado que empleados de la Iglesia Católica se hayan quedado sin cobrar sus salarios debido a la falta de fondos.
Los embargos comenzaron la pasada semana, cuando un juez reactivó la orden emitida en marzo pero paralizada durante meses a causa de las apelaciones de la Iglesia Católica.
En 2016 comenzó la disputa judicial, cuando los maestros jubilados dejaron de percibir sus pensiones por parte del Fideicomiso del Plan de Pensiones de Empleados de Escuelas Católicas.
Germán Brau, uno de los abogados que defiende a los jubilados, explicó a Efe que el tribunal encargado del caso ordenó el embargo de las cuentas de la Iglesia después de que ésta asegurara no contar con efectivo para hacer frente al pago de las pensiones de sus antiguos maestros.
El abogado aclaró que para que sus clientes cobren lo que se les adeuda no se recurrirá al embargo de activos relacionados con el culto, pero sí a cuentas y propiedades con que la Iglesia Católica cuenta en Puerto Rico.
El jurista indicó que su despacho cuenta con información que atestigua que la Iglesia vació algunas de sus cuentas una vez que la sentencia judicial estableció el embargo de activos de la institución por el impago a sus antiguos maestros.
Brau matizó que la demanda está dirigida contra la Iglesia Católica en Puerto Rico como institución en su conjunto y no contra personas jurídicas concretas en representación de las escuelas que dejaron de pagar a sus antiguos maestros por falta de medios.
El abogado de la Archidiócesis, Pedro Busó, anunció que se presentará un recurso ante el Tribunal Supremo de EEUU para que se detengan los embargos.
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