La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias abiertas contra el ministro del Interior italiano Matteo Salvini en relación a la gestión del buque Open Arms porque entiende que si hubo un delito de detención ilegal de la tripulación y los 160 migrantes que llevaban a bordo y a los que se impedía el desembarco, sería en todo caso competencia de la justicia de Italia.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público cierra así la investigación iniciada a instancias del abogado Francisco Pamos de la Hoz, quien acudió a la Fiscalía General del Estado cuando el barco de salvamento español se encontraba aún frente a las costas de Lampedusa esperando permiso para desembarcar.
El letrado, solicitaba que se incoasen diligencias y se procurase lo indispensable tanto para que cesara esa situación como para perseguir a sus responsables, y en particular a Salvini, por el peligro que negar el desembarco suponía para la integridad física y psíquica de tripulantes y migrantes a bordo.
Fiscalía General del Estado dio traslado a la Audiencia Nacional y ahora, tras estudiar esta situación ya resuelta, el fiscal instructor responde que si bien «los hechos tal y como se plantean por el denunciante serían constitutivos de un delito de detención ilegal» para ellos «no es competente la jurisdicción española y por ende», esta instancia judicial.
«No se trata de delitos reservados a la persecución universal con independencia de su autor y del lugar de comisión. Son hechos cometidos en Italia supuestamente por ciudadano italiano para los que no existe competencia de la jurisdicción española», explica la Fiscalía.
Añade además que el denunciado ostenta el cargo de ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno de Italia, «lo cual podría plantear incluso problemas con la soberanía nacional de dicho país» y que, en todo caso, implicaría competencia del Tribunal Supremo, «en paralelismo con un ministro del gobierno español».
Por último, destaca que «la peripecia de los refugiados del buque Open Arms es objeto de procedimiento judicial ante las propias autoridades italianas, habiéndose tomado en el seno del mismo medidas cautelares», como lo fue el desembarco de los migrantes que llevaban a bordo.
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