La falta de un acuerdo era el resultado esperado de la cumbre por videoconferencia celebrada este viernes por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, un encuentro de cuatro horas en el que los Veintisiete se limitaron a exponer al máximo nivel político las posiciones esgrimidas desde que la Comisión Europea presentó su propuesta en mayo.
Sin embargo, tanto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideraron que el encuentro fue útil para constatar que hay voluntad de dar una respuesta común ante una situación sin precedentes y que la mayoría comparte que esta debe llegar cuanto antes.
El plan sobre la mesa plantea destinar cerca de dos billones de euros al reflote de la economía, a través de un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros financiado con la emisión de deuda común y un presupuesto comunitario de 1,1 billones para el periodo 2021-2027. Por su envergadura y diseño, el plan no tiene parangón en la historia comunitaria.
«Los líderes acordaron unánimemente que la gravedad de la crisis justifica una respuesta común ambiciosa que combine solidaridad, inversiones y reformas», dijo Von der Leyen.
También hay consenso en que la Comisión utilice el presupuesto comunitario para emitir deuda en los mercados para financiar el fondo de recuperación, según añadió Michel.
Pero ahí terminan los puntos de encuentro y comienza la larga lista de divergencias: sobre el tamaño global del fondo de recuperación, sobre la proporción de subvenciones y préstamos (ahora fijada en 500.000 millones y 250.000 millones, respectivamente), sobre los criterios para distribuir el dinero o las condiciones para recibirlos.
También hay desencuentro sobre el tamaño del presupuesto plurianual y la permanencia de los descuentos que tienen algunos Estados en su contribución al mismo por pagar mucho más de lo que reciben.
Para salvar las distancias que separan a los Estados, Michel quiere «acelerar» las negociaciones en los próximos días, con la presentación de «propuestas concretas» hasta la cumbre que convocará «a mediados de julio» en Bruselas de forma presencial, algo que muchos consideran fundamental para llegar a un acuerdo.
Para ello se necesita la unanimidad de los Veintisiete y, después, el visto bueno de la Eurocámara y la ratificación de algunos parlamentos nacionales para que el dinero empiece a llegar a las arcas nacionales en 2021.
«Será difícil y no subestimo la tarea, pero hoy he percibido una fuerte voluntad política común para comprometerse, lo que es muy positivo», dijo Michel.
LOS «FRUGALES», ENROCADOS
Sin embargo, tras el encuentro, los países «frugales», el bloque formado por Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca que lidera las críticas a la propuesta de Bruselas, rebajaron las expectativas. El primer ministro holandés, Mark Rutte, afirmó en una rueda de prensa que «tampoco sería devastador» si no se logra un acuerdo en julio y dudó de que vaya a conseguirse incluso durante el verano.
Su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, reiteró que el grupo no quiere un sistema basado en subvenciones, sino en créditos con un claro calendario de devolución.
Estos países vienen abogando además por que el desembolso de las ayudas esté estrictamente ligado a que los beneficiaros acometan reformas estructurales y quieren un presupuesto comunitario de mínimos, que además mantenga sus descuentos.
Estos reembolsos podrían convertirse en uno de los elementos clave del «regateo» en las próximas semanas para lograr el visto bueno de estos cuatro países, según varias fuentes diplomáticas, que coinciden en que su dura posición de partida busca también garantizar este extremo.
Con todo, estos países no son los únicos escépticos con respecto al volumen de subvenciones, que no convence a varios Estados más, según fuentes comunitarias.
Por otro lado, varios Estados, entre ellos los del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia) critican el criterio escogido para distribuir el dinero del fondo entre países, que se basa en el nivel de paro entre 2015 y 2019, y piden que se vincule más estrechamente al periodo de la pandemia.
Von der Leyen defendió, sin embargo, que este criterio refleja más fielmente que otros el nivel general de resiliencia de los países ante choques como el acaecido y que, aun cuando se eligiesen cifras más recientes, el reparto sería parecido.
La distribución actual deja a España como segunda beneficiaria con 140.446 millones en ayudas, solo por detrás de Italia.
España, Francia, Italia y Alemania, los grandes países, están en líneas generales satisfechos con el plan, que también respaldan Portugal, Luxemburgo o Bélgica, e insisten en que debe lograrse un rápido acuerdo.
«La propuesta que hoy debatimos en el Consejo es un punto de partida, pero debemos alcanzar un acuerdo pronto. Cuanto más tiempo perdamos, más profunda será la recesión», dijo en Twitter el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien no compareció ante la prensa tras el encuentro.
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