Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha puesto voz al malestar por la actitud de Marruecos y ha reconocido que es una situación grave para España y para Europa y que se actuará contra ella con todos los medios que sean necesarios. «Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia», ha manifestado Sánchez en referencia a las fronteras españolas y a los ciudadanos que viven en las dos ciudades autónomas. Son palabras que ha pronunciado en una declaración institucional en Moncloa poco antes de desplazarse a Ceuta y Melilla para conocer sobre el terreno la evolución de los acontecimientos.
Unos hechos que le llevaron a cancelar el viaje que tenía previsto esta jornada a París para participar en una cumbre sobre la financiación de África.
La firmeza prometida por Sánchez se ha querido explicitar en la decisión de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de convocar a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich.
Laya le ha trasladado el rechazo formal de España a la entrada masiva de inmigrantes ilegales y ha apelado a la corresponsabilidad en el control de las fronteras.
Poco después de esa reunión, el Gobierno marroquí llamó a consultas a su embajadora en Madrid.
La última vez que hubo una llamada de este tipo fue en 2007, cuando Marruecos llamó a su entonces embajador Omar Azziman para protestar por el anuncio de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla.
El Gobierno se resiste a vincular públicamente la actitud de Marruecos con la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado en Logroño por coronavirus.
Así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado que las crisis migratorias «responden a causas múltiples y son demasiado complejas como para establecer causa-efecto».
Sin embargo, la avalancha de inmigrantes desde territorio marroquí llega después de las protestas de las autoridades de Marruecos por la presencia en España de Ghali.
Hace una semana y después de varias quejas públicas, el Gobierno marroquí ya advertía a España de que no debía de «minimizar el impacto grave» de la crisis provocada por la presencia del líder del Frente Polisario y decía que tomaba nota de que no les hubieran informado previamente pese a que se argumentara que se le había acogido por razones humanitarias.
Sánchez ha apelado a Marruecos a seguir manteniendo la colaboración, pero ante su actitud, ha exigido respeto a las fronteras al tiempo que ha insistido en que garantiza la integridad territorial y la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos «cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles».
Como prueba de ello, ha citado el despliegue de militares en la frontera ceutí junto a un incremento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
Además de informar al rey, de contactar con diversas autoridades europeas que han trasladado su apoyo a España y de conversar con el líder de la oposición, Pablo Casado, el presidente ha creado una comisión específica para el seguimiento de la crisis migratoria.
Una crisis ante la que Montero y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (quien ha informado de la devolución de 2.700 de los 6.000 inmigrantes irregulares), han asegurado que está habiendo contactos con las autoridades marroquíes pero sin dar más detalles apelando a la necesidad de discreción.
Si Pablo Casado ha apoyado al Gobierno reclamándole que garantice la integridad territorial de inmediato y con todos los medios necesarios, los socios parlamentarios del Ejecutivo han considerado que Marruecos está «chantajeando» a España por la presencia de Ghali y han pedido firmeza pero también acogida humanitaria.
La crisis con Marruecos llega cuando estaba pendiente de fijarse una nueva fecha para la cumbre bilateral después de que se pospusiera del pasado diciembre a febrero y de que se aplazara después de nuevo con el argumento oficial de que lo impedía la pandemia de coronavirus.
Pero en medio de ambas fechas hubo unas declaraciones del primer ministro marroquí, Saadedín Otmani, en las que reafirmó la reivindicación de su país sobre Ceuta y Melilla y dijo que tratarían esta cuestión con España tras solucionar el conflicto del Sáhara Occidental.
Unas palabras ante las que el Gobierno español recalcó que Marruecos sabe muy bien que Ceuta y Melilla son españolas y el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó con carácter de urgencia a la embajadora marroquí para pedirle explicaciones.
Por su parte, aunque el Gobierno afirmó que no hubo ninguna queja formal de Marruecos, en este país no sentó bien la defensa que seguía manteniendo el ya exvicepresidente segundo Pablo Iglesias sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental.
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