Turquía podría encerrar a una abuela kurda casi centenaria

Las redes sociales claman justicia para una anciana kurda. Su caso se ha hecho popular después de que distintos activistas y organizaciones internacionales alzaran la voz. Al parecer alguien grabó a esta anciana mujer, de 96 años de edad, profiriendo opiniones contrarias e insultos al líder turco, Recep Tayyip Erdogan, algo punible en base a la ley vigente. La respuesta no ha tardado en producirse, y muchos la consideran desproporcionada.

Las autoridades turcas han tomado ya cartas en el asunto. Es probable que esta mujer anónima acabe encarcelada o encerrada en un hospital dada su avanzada edad. «Si hubiera una pizca de razón, conciencia y ley, esta decisión no se tomaría», considera un conocido activista por los derechos de los kurdos.

La cuestión es intrincada, pues en términos internacionales el Partido de los Trabajadores kurdo es considerado organización terrorista. A su vez sus partidarios han apoyado durante los últimos años la guerra contra el terror fundamentalista de Dáesh, Al Qaeda y otros grupúsculos salafistas.

En nuestro país la periodista y traductora kurda Amina Hussein ha dado difusión al caso a través de sus perfiles en redes sociales. Recalca que el vídeo que suscitó toda la polémica fue publicado sin conocimiento ni consentimiento de su protagonista, de la anciana a la que la administración turca quiere represaliar. Si su salud fuera menos delicada probablemente la anciana acabaría con sus huesos en un calabozo, recalca.

Los expedientes se amontonan mientras la administración turca da la callada por respuesta. Escabroso es también el caso del activista turco Osman Kavala: detenido sin juicio desde 2017.

Kavala ha sido centro de un reciente choque diplomático entre la Unión Europea y Estados Unidos con Ankara. Recordemos que Turquía se ha revelado desde hace tiempo como un socio estratégico para las potencias occidentales, por ejemplo gestionando y conteniendo los movimientos migratorios que suscita el siempre convulso Oriente Medio.

A través de una carta el activista ha declarado haber «perdido cuatro años de vida», aunque espera que su caso sirva para mejorar la justicia en su país. El también empresario denuncia que desde su entrada en prisión hace cuatro años ha sido presentado como una persona «malvada» ante la opinión pública.

Acusado de espionaje, terrorismo e intento de derrocar al Gobierno por su participación en las protestas antigubernamentales de 2013, Kavala escribe: «Tras haber perdido cuatro años de mi vida y convertirme en un asunto de Estado, mi único consuelo es la posibilidad de que mi experiencia contribuya a enfrentar los cruciales problemas de la justicia en Turquía y que quienes sean llevados ante la justicia en el futuro reciban un tratamiento más justo».

El pasado día 23 de octubre el presidente Erdogan anunció la expulsión de diez embajadores, de siete países europeos, de Estados Unidos, de Canadá y de Nueva Zelanda, por pedir públicamente la libertad de Kavala. La Unión Europea consideró entonces muy grave esa decisión, que finalmente no fue ejecutada. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ordenó en 2019 a Turquía que pusiera en libertad a Kavala, algo que jamás se ha decidido a hacer.