El análisis divide las diez políticas en dos grupos: por un lado, las que se pueden adoptar a corto plazo y, por otro, las que terminarían por acabar con la dependencia fósil en el medio y largo plazo. En el primer grupo incluyen, por ejemplo, la eliminación de vuelos cortos con rutas que se podrían hacer por tierra, así como la reducción de la conducción y la mejora de la eficiencia fomentando el teletrabajo o los trayectos compartidos, así como el impulso al ferrocarril a través de incentivos fiscales que logren que el transporte de mercancías por tren pueda reemplazar al de carretera. En el segundo grupo, el de medidas a medio y largo plazo, la organización ecologista sugiere «dejar de fabricar vehículos que usen diésel o gasolina, de forma gradual, antes de 2028»; así como reconstruir las infraestructuras urbanas para que estas den prioridad a los desplazamientos a pie o en bicicleta, en lugar del automóvil.
Para todos los cambios que implicaría descarbonizar el transporte, Greenpeace asegura haber contemplado una serie de «principios sociales y financieros» para asegurar la «transición justa» y «evitar que las grandes empresas sigan sacando partido de la guerra y de la crisis energética». En este sentido, la organización recuerda que «desde el inicio de la guerra las petroleras han registrado hasta 3.000 millones de euros de ingresos extraordinarios (unos 3.165 millones de dólares al cambio actual) por el alza de precios del combustible», como ya reveló recientemente en otra investigación. «Nuestra dependencia del petróleo para movernos a diario está sirviendo para financiar a Rusia en su guerra contra Ucrania», critica Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace España.
La organización reclama una reforma estructural del sistema eléctrico español y argumenta que el acuerdo anunciado el martes entre España, Portugal y la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la península Ibérica «demuestra que es posible actuar sobre un mercado disfuncional que vincula el precio de la electricidad al precio del gas». Los ecologistas piden que se intervenga el mercado para, entre otros fines, «acabar con la dependencia del gas, evitar el enriquecimiento ilícito de las eléctricas y permitir que el ahorro económico de las renovables llegue a la gente».
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Esta claro que no se puede seguir financiando la invasion a Rusia. Todas las aportaciones son bienvenidas.