El mandatario progresista también responsabilizó al líder ultraderechista, al que derrotó en las elecciones presidenciales de octubre pasado, de «mentir a la sociedad», insistiendo en que «el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia». «La democracia se garantiza con cultura, con libros, con debate, con educación, con comida, con empleo...», enumeró el gobernante, que asumió el poder el pasado 1 de enero. Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos sin una previsión oficial sobre su regreso a Brasil, fue incluido, a petición de la Fiscalía General, en la lista de investigados de la Corte Suprema por «incitar» la intentona golpista del pasado 8 de enero.
Ese día, una horda de miles de bolsonaristas radicales invadió y causó graves destrozos en las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo, en un intento para derrocar a Lula y devolver al poder por la fuerza a Bolsonaro. Como respuesta, el presidente intervino el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia y convocó rápidamente a los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 27 gobernadores del país, para dar una imagen de unidad frente al violento ataque a las instituciones. En el plano judicial, el Supremo apartó temporalmente al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y ordenó la prisión del exsecretario de Seguridad Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
La Policía halló en la casa de Torres, un próximo aliado de Bolsonaro, un borrador de decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y «corregir» el resultado de los comicios de octubre, documento que, según el PT, evidencia las intenciones golpistas de Bolsonaro. Lula también denunció la semana pasada que «muchos» policías y militares fueron «conniventes» con el caos generado en la capital brasileña el 8 de enero, que dejó un balance de unos 1.800 detenidos, aunque una parte ha sido liberada y responderá en libertad.
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