El Ejecutivo comunitario, en concreto, presentó un borrador legislativo para definir el concepto de «curso legal» del dinero en efectivo, que está contemplado en el Derecho comunitario pero hasta ahora no está recogido en ninguna ley, lo que ha obligado al Tribunal de Justicia de la UE a delimitar su significado.
En este contexto, Bruselas aprovechó la presentación de la arquitectura legal del euro digital (un proyecto que todavía está valorando el BCE) para regular la definición del curso legal de los billetes y monedas de euro a fin de «garantizar la coherencia entre las dos formas de dinero público».
«Queremos garantizar a quien pueda estar preocupado por que el euro digital pueda sustituir el efectivo que el efectivo está aquí para quedarse», subrayó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa en la que presentó ambas propuestas junto con el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis.
Las autoridades comunitarias también han decidido actuar tras detectar una «reducción significativa» de la aceptación de efectivo en algunos Estados miembros (por ejemplo, en Bélgica, Irlanda, Estonia y Malta) y mayores dificultades para obtener billetes desde cajeros automáticos. Por ello, la Comisión establece el principio de «aceptación obligatoria» de los billetes y monedas de euro, así como que las excepciones a esta norma general deben sustentarse en razones «legítimas y temporales».
Por ejemplo, será posible rechazar la compra con un billete de 200 euros de un producto que valga 1 euro. Más allá de ello, los Estados miembros tendrán que garantizar un acceso «suficiente y efectivo» al dinero en efectivo en todo su territorio y adoptar medidas correctoras si existen problemas para obtener o pagar con monedas o billetes en todo su territorio o en zonas determinadas.
El borrador legislativo da una serie de ejemplos de actuación, que van desde asegurar una «densidad» suficiente de cajeros para la retirada de dinero a prohibir prácticas «unilaterales» de no aceptación, por ejemplo, en oficinas de correos, farmacias, centros sanitarios o supermercados, así como para «ciertos tipos de pagos que son considerados esenciales».
La evaluación sobre el nivel de aceptación de efectivo correrá a cargo de autoridades competentes designadas en cada Estado miembro y su análisis tendrá que estar basado en indicadores comunes que adoptará la Comisión Europea. Cada país tendrá que informar anualmente tanto a Bruselas como al BCE de sus conclusiones y de las medidas que adopte si fuera necesario para garantizar la aceptación de efectivo. Si dichas acciones son «insuficientes» para resolver el problema detectado, el Ejecutivo comunitario tendrá el poder de imponer medidas «adecuadas y proporcionadas».
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Ahora no tengo acceso al Código Penal, pero en mis tiempos de estudiante era delito negarse a aceptar dinero de curso legal en pago de cualquier deuda.