Mediante ese mecanismo constitucional, Lasso disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando el Legislativo buscaba su destitución, y forzó esta convocatoria extraordinaria de elecciones generales, cuyos ganadores completarán el periodo 2021-2025.
De aquí saldrá el sucesor de Lasso, quien ha optado por no presentarse a la reelección. Al sillón presidencial optan de momento siete candidatos, y se espera la respuesta del Consejo Nacional Electoral a la decisión del movimiento «Construye», de designar al periodista Christian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado día 9 a la salida de un mitin, un hecho que ha marcado estos comicios.
Entre los postulantes hay únicamente una mujer: Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017). Repiten candidatura el izquierdista y ambientalista Yaku Pérez y el empresario Xavier Hervas. También optan a la jefatura del Estado el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el empresario y especialista en seguridad Jan Topic, el empresario y exasambleísta Daniel Noboa, y el abogado Bolívar Armijos.
En caso de que ninguno logre más del 40 % de los votos y una diferencia de al menos diez puntos, habrá una segunda vuelta el 15 de octubre entre las dos candidaturas más votadas.
Los ecuatorianos también renovarán la Asamblea Nacional luego de su disolución, con otros nuevos 137 asambleístas donde, en principio, no habrá representantes del oficialismo, pues el movimiento CREO decidió no participar en este proceso electoral. Tampoco presentó listas para asambleístas nacionales Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, en medio de una pugna interna por el control y dirección del partido.
Del resultado de la Asamblea dependerá la viabilidad del corto mandato que tendrá el próximo presidente, sobre todo si se llega una situación similar a la de Lasso, donde no tenía control sobre el Parlamento, lo que le impidió sacar adelante iniciativas claves de su administración, como la Ley de Inversiones.
El 20 de agosto también será el día que llevaba esperando desde hace diez años el colectivo ambientalista Yasunidos, el promotor de la consulta nacional para detener la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT, uno de los principales yacimientos de Ecuador, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní.
La protección de este valioso enclave natural de la Amazonía ecuatoriana, considerado uno de los epicentros mundiales de la biodiversidad, es el objetivo de sus promotores de la consulta, que lograron que se celebre tras reunir 757.000 firmas y librar una batalla judicial con los órganos electorales. Con una extensión de un millón de hectáreas, en el Yasuní habitan más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces, además de ser el hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya zona intangible limita con el Bloque 43-ITT.
Del Bloque 43-ITT salen cada día unos 55.000 barriles de petróleo, que suponen el 11 % de la producción de Ecuador, ascendente a nos 480.000 barriles diarios, lo que para Petroecuador supondría un perjuicio para el Estado de unos 1.200 millones de dólares, cifra que los ambientalistas creen que sería mucho menor.
Adicionalmente, los más de dos millones de electores de Quito decidirán si se prohíbe cualquier forma de minería en el Chocó Andino, una reserva de la biosfera que ocupa 287.000 hectáreas de la provincia de Pichincha, parte de ellas dentro del área metropolitana de la capital ecuatoriana.
Esta consulta, impulsada por el colectivo ecologista Quito Sin Minería, propone vetar las actividades mineras en las 124.000 hectáreas que abarca la Mancomunidad del Chocó Andino, formada por las localidades rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto, pertenecientes a la capital. Actualmente en la zona hay doce concesiones en fase de exploración y en trámite de concesión existen otras ocho más, que abarcarían en conjunto unas 27.000 hectáreas, en zonas donde los impulsores del plebiscito quieren preservar el paisaje de bosques andinos, impulsar el turismo, las actividades sostenibles y el patrimonio arqueológico.
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