La coalición alemana de socialdemócratas, verdes y liberales anunció este miércoles un compromiso en materia presupuestaria que pone fin por el momento a la peor crisis política a la que se ha enfrentado hasta ahora Olaf Scholz a mitad de su mandato como canciller. Después de que una sentencia del Tribunal Constitucional abriese un inesperado agujero en los presupuestos de los próximos años, los líderes de los tres partidos, que partían de posiciones aparentemente irreconciliables, han acordado cómo «repriorizar» el gasto.
De cara al año que viene será preciso ahorrar 17.000 millones de euros de los presupuestos generales de Alemania, a los que se suman otros 12.000 euros del Fondo extraordinario para el Clima y la Transformación (KTF) que no se podrán invertir tal y como estaba previsto. «Es un compromiso bueno, democrático en el verdadero sentido de la palabra», afirmó Scholz ante la cámara baja del Parlamento (Bundestag).
El canciller explicó en una rueda de prensa previa que se reducirán las subvenciones dañinas para el clima, así como ciertos incentivos federales, mientras que en el ámbito social no se recortarán las prestaciones aunque sí se atenderá a una mejor integración de los beneficiarios en el ámbito laboral. Sin embargo, a la espera de que trasciendan más detalles, el instrumento principal para cerrar la brecha parece ser el aumento de los impuestos a las emisiones de CO2 de 40 a 45 euros por tonelada a partir del próximo 1 de enero.
En una victoria para los austeros liberales, los socialdemócratas y los verdes aceptaron mantener en vigor el freno de la deuda en 2024 -que limita el endeudamiento al 0,35 %-, a no ser que la situación en la guerra de Ucrania empeore drásticamente y obligue a «reaccionar». Durante las últimas semanas, el secretismo de las negociaciones ha dado rienda suelta a las conjeturas sobre los recortes que sería necesario realizar para salvar los presupuestos de 2024.
«Mi mensaje más importante es que el Gobierno mantiene sus objetivos: impulsar la transformación hacia la neutralidad climática, reforzar la cohesión social y mantenernos al lado de Ucrania en su lucha defensiva contra Rusia», declaró Scholz. No obstante, ello no implica que no se vayan a producir recortes en los dos primeros ámbitos. El ahorro en subsidios para desempleados se ha podido limitar a 1.500 millones de euros y, según el Gobierno, no afectará a las prestaciones en sí, sino al sistema de transmisión al empleo.
Debido a la envergadura de las inversiones que estaban previstas para la transición verde, también ha sido necesario recortar algunos programas de subvenciones para la lucha contra el cambio climático. Así, en un paso que calificó de «doloroso», el ministro de Economía Robert Habeck reveló que las primas para la compra de vehículos electrónicos terminarán antes de lo previsto y se recortarán ciertas inversiones en la industria solar. Éste es el «precio a pagar» para poder mantener los pilares de, entre otros, la descarbonización y el desarrollo del hidrógeno verde, afirmó el ministro verde, que no dio cifras para estas operaciones de «reorganización y ahorro».
Por otra parte, el Gobierno ha anunciado que entre las «subvenciones dañinas para el clima» que serán eliminadas se encuentra un subsidio a los precios de los envases de plástico por valor de 3.000 millones de euros, mientras que según algunos medios también está previsto recortar los subsidios a los carburantes agrícolas. En la primera semana del año Scholz manifestó la expectativa de que, después de que el acuerdo sea revisado por los grupos parlamentarios y los partidos, los nuevos presupuestos puedan ser aprobados tan pronto como en la primera semana del año que viene.
Si es así, el canciller -que prometió que no habría recortes al «estado del bienestar»- habrá vuelto a salir airoso de una crisis en la que sus niveles de popularidad entre la población han caído a nuevos mínimos, aunque su partido cerró filas en torno a él en un congreso federal el pasado sábado. De acuerdo con una encuesta del instituto de opinión YouGov publicada recientemente y realizada entre el 1 y el 6 de diciembre, el 74 % de los entrevistados piensan que Scholz ejerce su labor de forma «mala o muy mala», mientras que un porcentaje similar desecha la gestión del Gobierno en su conjunto. Se considera a Scholz uno de los principales arquitectos de la decisión de transferir 60.000 millones de euros vinculados a la pandemia del coronavirus al KTF, como maniobra para poder realizar más inversiones en la economía sin incrementar el déficit, una decisión que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional.
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