El Consejo explicó en un comunicado que ha tomado esta decisión con ocasión de la revisión anual de estas sanciones y en vista de «la continua represión y del drástico deterioro de la situación de los derechos humanos» en Bielorrusia, así como de «la continua implicación del país en la agresión militar ilegal de Rusia contra Ucrania». Desde agosto de 2020, la UE ha impuesto varias rondas sucesivas de sanciones individuales y sectoriales contra los responsables de la represión interna y de las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia y en el contexto de la implicación del país en la guerra de Rusia contra Ucrania.
«Con estas medidas, la UE señala a los responsables políticos y económicos que sus acciones y su apoyo al régimen y a Rusia tienen un coste», subrayó el Consejo. Las medidas restrictivas individuales contemplan la congelación de activos y la prohibición de poner fondos a disposición de los sancionados, a los que se les veta además la posibilidad de viajar a territorio comunitario. Actualmente hay 233 personas, entre ellas el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, y 37 entidades en la lista de sancionados.
La UE recordó que Bielorrusia también sigue siendo objeto de sanciones económicas selectivas, que incluyen restricciones en el sector financiero, el comercio, los productos de doble uso (civil y militar), la tecnología y las telecomunicaciones o la energía y el transporte, entre otros. En sus conclusiones de febrero, los ministros de Exteriores de los Veintisiete reiteraron en un Consejo su apoyo inquebrantable a la búsqueda por parte del pueblo bielorruso de una Bielorrusia libre, democrática, soberana e independiente, como parte de una Europa pacífica y próspera.
El Consejo expresó asimismo su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y condenó enérgicamente la persecución continuada contra la sociedad bielorrusa, así como el apoyo constante prestado por el régimen bielorruso a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, e instó a Minsk a abstenerse de tales acciones y cumplir sus obligaciones internacionales. El Consejo reiteró su compromiso de que rindan cuentas los responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos y aseguró que está dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas y selectivas mientras las autoridades bielorrusas mantengan ese comportamiento.
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