Irán ejecutó en 2023 a más de 830 personas, un 43 % más que el año anterior

Las organizaciones Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM) han indicado en un informe que en 2023 fueron ejecutadas 834 personas, la segunda cifra más alta a nivel anual durante las últimas dos décadas. Así, han detallado que al menos ocho manifestantes, incluidos seis arrestados en las movilizaciones tras la muerte de Amini, detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo, fueron ejecutados el año pasado tras ser «condenados a muerte en juicios gravemente injustos».

«Si bien las ejecuciones de los manifestantes provocaron firmes reacciones internacionales a principios de año, las ejecuciones del segundo semestre no causaron el mismo nivel de condena e indignación», han lamentado, que han apuntado que «la correlación entre la falta de atención internacional y el uso de la pena de muerte» fue «especialmente evidente» tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este sentido, han especificado que «la media de ejecuciones diarias aumentó de dos personas antes del estallido de la guerra en Gaza a una media de entre tres y cuatro ejecuciones al día durante la guerra». El director de IHR, Mahmud Amiri-Moghadam, ha manifestado que «el régimen iraní usa la pena de muerte para prolongar su supervivencia» y ha afirmado que «se trata de un régimen opresivo, corrupto e incompetente a la hora de solucionar los problemas del día a día».

«Instalar el miedo en la sociedad es la única vía del régimen para aferrarse al poder y la pena de muerte es su instrumento más importante. Aumentar el coste político de las ejecuciones a través de la presión internacional puede ralentizar la maquinaria mortífera del régimen», ha sostenido. De esta forma, Amiri-Moghadam ha hecho hincapié en que «la inconsistencia en la reacción de la comunidad internacional ante las ejecuciones en Irán es algo desafortunado y envía la señal equivocada a las autoridades», que además han incrementado el abanico de cargos por los que fue aplicada la pena capital.

Ambas ONG han destacado que, por primera vez en diez años, fueron ejecutadas dos personas condenadas por blasfemia, así como otro por adulterio. Además, fueron ahorcados dos ciudadanos con doble nacionalidad, incluido el sueco Habib Asiud, secuestrado por las fuerzas iraníes en Turquía y trasladado a la fuerza a Irán. Por otra parte, han incidido en que se ha registrado un aumento «dramático» del número de ejecutados tras ser condenados por delitos de drogas, que aumentaron hasta los 471, 18 veces más que la cifra registrada en 2020. Estas personas pertenecen mayoritariamente a «comunidades marginadas» y «minorías étnicas», particularmente dentro de la comunidad baluche.

Asimismo, han hecho hincapié en que el número de ahorcamientos públicos se triplicó respecto a 2022, con un total de siete casos, incluido uno en un parque en una playa, al tiempo que han resaltado que entre los ejecutados figuraron dos personas que eran menores de edad en el momento de cometer el delito. Las ONG han subrayado además que al menos 22 mujeres fueron ejecutadas -la cifra más alta de la última década-, incluida una mujer baluche imputada por delitos de drogas que no tuvo acceso a representación legal y que negó todas las acusaciones vertidas contra ella en los tribunales.

Los tribunales revolucionarios, responsables de los casos por drogas y delitos contra la seguridad, emitieron en 2023 512 de las sentencias de muerte llevadas a cabo en el país centroasiático, lo que supone un 61 por ciento del total. Por ello, IHR y ECPM han reclamado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que renueve el mandato de la misión internacional de investigación sobre Irán y del relator especial del organismo para el país, así como que los países pongan la pena de muerte entre las prioridades de la agenda de cualquier diálogo con las autoridades iraníes.