El Ajuntament ha hecho efectivos cerca de cuarenta embargos de
bienes o cuentas bancarias a lo largo del presente año a ciudadanos
de Palma por el impago de multas de tráfico.
No obstante, han sido varias centenas las notificaciones de
embargo de cuentas emitidas por la sección de multas durante 1998,
«pero pocas llegan a hacerse efectivas pues muchos ciudadanos
cuando ven que ya no hay salida optan por pagar», afirma el
concejal de Hacienda en Cort, Pedro Àlvarez.
Cada multa de tráfico que no se paga durante el periodo
voluntario establecido pone en marcha todo un proceso que comienza
con la notificación del inicio del periodo de apremio y que
finaliza con la orden del embargo de los bienes del deudor, en
cantidad suficiente para cubrir el crédito perseguido, intereses y
costas del procedimiento. Desde el momento en que un ciudadano se
le pone la multa por una infracción y la notificación del embargo
suele transcurrir más de un año.
Según asegura el edil, «el embargo es la manera que la ley
otorga a las administraciones públicas para resarcirse de las
ilegalidades que cometen los ciudadanos y por las que no pagan,
pero en realidad a la administración le cuesta dinero cada
embargo».
Luchar contra la picaresca
El embargo de cuentas corrientes por parte de las administraciones
públicas choca frecuentemente con la picaresca. Así, es habitual
que cuando una entidad bancaria recibe una notificación de embargo
de una de sus cuentas, dé la voz de alarma a su cliente, quien de
inmediato saca el dinero de ésta o lo traspasa a una nueva cuenta,
ésta desconocida.
De este modo, al no encontrar capital suficiente en esa cuenta
para satisfacer la deuda, la administración, el Ajuntament por
ejemplo, debe proceder a embargar otros bienes del sujeto pasivo,
optándose casi siempre por aquéllos de los que se tiene constancia
y en el caso de las multas de tráfico el más conocido es el
coche.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.