La moción de censura presentada contra la Comisión Europea pone
sobre la mesa el papel que ésta juega en la política de los países
comunitarios y la misma estructura de funcionamiento de la Unión.
En la propuesta se implica al comisario español Manuel Marín en
determinadas irregularidades que pudo haber cometido su
departamento. Pero el asunto de fondo es realmente si la llamada
Comisión Europea es o deja de ser un órgano con potestad ejecutiva
suficiente y con el control determinante del Parlamento Europeo o
si, en cambio, se trata de meros funcionarios de alto nivel que
deben actuar al dictado de los países con mayor poder en la
estructura comunitaria.
Dadas estas circunstancias, es lógico pensar que surjan dudas
sobre si tiene una base real esta moción o se sostiene sólo por los
intereses de los países más relevantes, que quieren, en este caso
concreto, presionar para hacer prevalecer sus intereses. Si esto es
así, no podríamos hablar de la construcción de una Europa real,
sino de una ficción en la que los fuertes harían valer sus
criterios.
Pero también es cierto que cualquier poder ejecutivo tiene que
tener unos mecanismos de control y, en el caso de la Comisión
Europea, es la primera vez en la que se plantea una situación
semejante. En un sistema democrático, como lo son todos los de los
estados miembros, sus parlamentos ejercen el control de la acción
de gobierno. Es, por tanto, razonable que el europeo revise las
actuaciones de la Comisión y pueda, en un momento determinado,
ejercer la censura.
De todos modos, dado el funcionamiento de la Unión Europea,
todos sus organismos oficiales parecen diluidos frente a los
gobiernos de los países que la integran. Tal vez ése sea el mayor
problema de la construcción de la Europa unida.
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