El Partido Popular de Balears, a través de su presidente, ha
manifestado que es su intención que en el programa de gobierno para
las próximas elecciones autonómicas se incluya el rescate de la
concesión de la explotación del túnel de Sóller, como uno de sus
puntos. Éste no solamente es el deseo del PP, sino de todos los
partidos de la oposición, y de la mayoría de ciudadanos de
Mallorca.
Recientemente, la empresa concesionaria ha mostrado su decepción
por los resultados económicos de su inversión, lo que ha puesto de
actualidad la posibilidad de este rescate. Ya dejamos dicho, en
otro artículo editorial, los pormenores del caso, por lo que nos
ahorraremos su iteración. De modo que estamos de acuerdo con la
actitud del Govern de estar a la expectativa. Es decir, si la
concesionaria quiere dejar la explotación, todos estaremos
encantados. Lo que es intolerable es que una obra pública,
concedida a una empresa privada, vuelva a la Administración pública
pagando las consecuencias del fracaso empresarial. De modo que lo
que está fuera de lugar es que el Partido Popular, causante del
desaguisado y que, según se ha demostrado, se benefició con 50
millones de pesetas, mediante un cohecho no castigado por
prescripción, pretenda ganar las elecciones a base de prometer el
rescate de la concesión. Sería un beneficio excesivo.
Y una injusticia porque menorquines, ibicencos y muchos
mallorquines que no usan ni usarán el túnel en años, deberían
cargar con el precio del rescate. Y, todo ello, invirtiendo la
lógica comercial: no es lo mismo, ni el mismo precio, que la
concesionaria ofrezca el abandono de la explotación, con unas
condiciones muy favorables a la administración autonómica, que ésta
intente conseguirlas por su iniciativa. No es lo mismo ir a
comprar, que esperar a que te vengan a vender.
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