La Asociación de Vecinos del Baluard del Princep ha decidido
recurrir el convenio firmado entre el Ajuntament de Palma, el
Ministerio de Defensa, el Instituto para las viviendas de las
Fuerzas Armadas y la Gerencia de Infraestructura de la Defensa en
relación a las viviendas militares de esta zona que está previsto
derribar para la construcción de un gran parque.
Aunque el recurso todavía no ha sido presentado, sólo anunciado,
la Comisión de Gobierno aprobó ayer que el Consistorio se persone,
representado por el procurador y defendido por los letrados
municipales, como demandado en el recurso contencioso
administrativo número 19993/98 anunciado por los vecinos de estas
casas militares ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares.
El abogado de los vecinos, Bernat Feliu, explicó ayer que «hemos
anunciado el recurso, pues es un arma más para defender los
intereses humanos y crematísticos de este colectivo de más de cien
personas, pero todos ellos desean y confían que se pueda llegar
antes a un acuerdo con el Ajuntament que satisfaga a todas las
partes». Uno de los motivos que ha llevado a los afectados a pensar
en el recurso, añadió el letrado, ha sido «la situación de
indefensión en que se encuentran, pues el convenio se firmó sin que
nadie les dijera nada y en ningún momento se les ha querido
escuchar».
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