El Gobierno español quiere introducir la discriminación positiva en
la inserción laboral de las personas con discapacidad y ha
elaborado una nueva normativa, a través de la cual se obligará a
las empresas con más de 50 trabajadores a que el 2% de sus
empleados sean personas con discapacidad. Así lo manifestó Gabriel
Àlvarez, subdirector general de la Promoción del Trabajo del
Instituto Nacional de Empleo (Inem), en el Seminario Transnacional
sobre «Integración económica y comunicación con personas con
discapacidad», que tuvo lugar ayer en la Fundació La Caixa, en
Palma.
Gabriel Àlvarez manifestó que «se trata de una normativa que
está en fase de tramitación orientada a la mejora de los apoyos a
las empresas para que éstas cumplan la legislación, que en la
actualidad se cumple en pocos casos».
El subdirector general de la Promoción del Trabajo del Inem dijo
que se está estudiando también la modificación de los subsidios que
reciben las personas con discapacidad, de modo que puedan seguir
percibiendo estas ayudas en el caso de que inicien un trabajo como
autónomos.
Asimismo, Àlvarez insistió en que se debe seguir manteniendo la
discriminación positiva en las pruebas de ingreso a las empresas
públicas y que las empresas cumplan la cláusula de la cuota del 2%
de reserva de puestos de trabajo para personas con
discapacidad.
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