Ser camello es un delito y al mismo tiempo una equivocación.
Delito, porque atenta contra la salud pública, contribuyendo a
convertir al ser humano en una piltrafa. Equivocación, porque tarde
o temprano le terminan pillando y deberá pagar, a veces con dureza,
a veces lejos de casa, por ese trabajo que le ha reportado,
materialmente, apenas nada, y a poco que tenga sensibilidad, un
tremendo cargo de conciencia.
Jaén Palacios, senador por el PP, conoce a fondo el tema que les
he apuntado anteriormente. Por norma general "me dice, y yo así lo
he comprobado acompañándole en dos viajes a esas cárceles del
mundo" el noventa por ciento de presos españoles allende nuestras
fronteras están presos por delitos de tráfico de estupefacientes,
siendo la mayor parte de ellos relativamente jóvenes, quienes, a
cambio de unas vacaciones en un país tropical, y de cobrar uno o
dos millones de pesetas "a veces menos" por el trabajo que luego
les encargan: pasar droga, "«oye, tío, que no tendrás problemas,
que ya verás lo fácil que es», le dicen", se exponen a convertirse
en delincuentes y tener que pagar por ello en cárceles durísimas,
en las que se pueden encontrar sin asistencia de ningún tipo,
expuestos a mil problemas, provocaciones, malos tratos, etc.
Por todo lo dicho, Jaén Palacios es partidario de, al igual de
como se han hecho ante otros problemas sociales, advertir
seriamente a la ciudadanía sobre las consecuencias de ser camello.
«Si supieran lo que les espera en esas cárceles, seguro que ni lo
intentarían». Si en los penales venezolanos de El Dorado (Amazonia)
y La Planta (Caracas), donde estuvimos hace un mes, las condiciones
son durísimas para todos los internos, de ahí que los españoles se
acojan, a poco que tienen la sentencia firme, al tratado
multilateral de traslado firmados por todos los países de la CE, o
al bilateral que tiene España con otros estados no comunitarios, a
fin de cumplir la sentencia en nuestro país, no lo son menos los
colombianos y los portugueses, uno de los cuales, Caxia, acabamos
de conocer.
Porque, según el informe que publicó la semana pasada Meneres
Pimentel, Proveedor de Justicia, o defensor del pueblo, no son muy
recomendables las 54 cárceles de Portugal, en las que hay, entre
portugueses y extranjeros "españoles, unos 80" cerca de 14.000
reclusos, de los cuales el 10 por ciento son mujeres, y que, según
dicho informe, entre el 60 y 70 por ciento de esta población son
drogodependientes, un cuarto está infectada por hepatitis vírica (B
y C) y el 11 por ciento, infectados por VIH (un 2 por ciento más
que en 1997). A todo esto, la asistencia sanitaria es mínima, así
como las condiciones higiénicas y ocupación laboral de los
reclusos. ¡Y eso que Portugal es un país comunitario! Por lo tanto:
¿merece la pena, por dos millones de pesetas exponerse a terminar
ahí, tras haber atentado contra la vida de nuestros semejantes?
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