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Las detenciones de los seis miembros de ETA en Francia, en el mismo día en el que Aznar iniciaba su visita oficial al país galo, han supuesto un duro golpe para la banda, el primero desde que ésta anunció la tregua unilateral. Dadas las circunstancias, es lógico preguntarse por el futuro del proceso de paz iniciado en Euskadi y hasta es posible que algunos consideren que de esta forma puede ponerse en peligro. Aunque el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, declaraba que el Estado de Derecho siempre nos acercará a la paz.

Es evidente que los violentos pueden tener una excusa para reiniciar de nuevo su baño de sangre y es cierto que, en las treguas anteriores, no precisaron de ninguna detención para reemprender su escalada de terror. Pero también es verdad que no podemos renunciar a nuestro sistema democrático y a nuestros mecanismos de justicia.

Los detenidos por la policía francesa pueden tener en su haber crímenes tan execrables que de ninguna manera pueden quedar impunes. Al margen de los intentos de magnicidio, como el atentado contra José María Aznar, entonces líder de la oposición, o el atentado frustrado contra el Rey en Palma, tienen en su haber crímenes como el asesinato de Miguel Àngel Blanco, el de Fernando Múgica, el del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa, y un largo etcétera de muertes absurdas.

De lo sucedido ayer cabe destacar, sin duda, el excelente funcionamiento de la cooperación hispano-francesa en materia de terrorismo. Ha sido ésta última operación un nuevo botón de muestra.

Ahora debemos dejar actuar a la Justicia para que determine si son culpables de los delitos que se les imputan y, si esto es así, que les imponga la pena que establecen nuestras normas. Nuestras leyes son vigentes para todos sin excepción.