«Si la administración o una empresa causan a un consumidor un daño
derivado por el Efecto 2000, la normativa le permite reclamar ante
los tribunales, que son los que decidirán en última instancia sobre
esta cuestión», señalaba ayer en Palma el asesor técnico del área
de servicios del Instituto Nacional de Consumo (INC), Javier García
Bartolomé, en una jornada sobre esta deficiencia informática
organizada por la Conselleria de Sanitat i Consum.
El representante del INC, Javier García, se refirió a que «el
efecto 2000 puede llegar a representar un gran negocio para los
informáticos y los abogados por las posibles demandas debidas a los
perjuicios de los errores técnicos. La legislación española es
generosa para responder a los acontecimientos que se puedan
producir».
El INC ha requerido a las empresas información «de cuales son
los productos adaptados al efecto 2000 que comercializan desde
1996, fecha en la que gran parte de las empresa ya conocían la
necesidad de subsanar el problema. Es por ello que aconsejo a los
consumidores que guarden la documentación y los comprobantes de
compra de los productos electrónicos».
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