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La nueva Ley de la Propiedad Horizontal, que entrará próximamente en vigor, generará una multitud de demandas en toda España por parte de las comunidades de propietarios en contra de los vecinos morosos. Según confirmó ayer uno de los ponentes del nuevo texto legal, Daniel Loscertales, los impagos de cuotas ascienden a 30.000 millones de pesetas en el ámbito nacional, y a 700 millones en Balears. «Se ha logrado, efectivamente, la obtención de los mecanismos necesarios para obligar a pagar a un vecino moroso, así como la articulación de vías procesales más expeditivas para agilizar los cobros y resolver otras cuestiones inherentes al funcionamiento de una comunidad de vecinos», explicó.

Si el deudor de una comunidad de vecinos se opusiere alegando razones para negarse al pago, en todo o en parte, el juez, previo traslado al demandado del escrito de oposición, seguirá la tramitación del juicio verbal a partir del momento de la citación para el juicio oral. Loscertales, que se desplazó a Palma para participar en una conferencia en Sa Nostra organizada por el Colegio de Administradores de Fincas de Balears, calificó la ley de «avance hacia el futuro». «Hay muchas novedades», explico, «y quizás, aparte de los nuevos mecanismos coercitivos contra el moroso, la ley modifica el sistema de unanimidad para acometer determinadas obras, con el objetivo de que una minoría no pueda impedir los deseos de una mayoría», explicó. Asimismo, bastará el voto de las tres quintas partes de los propietarios que, a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, cuando la modificación tenga por finalidad la suspensión de barreras arquitectónicas de personas con minusvalía, el establecimiento del servicio de ascensor, la creación o suspensión del servicio de portería, conserjería o vigilancia u otros servicios de interés general.