El Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías y errores en las
contabilidades del PSOE balear y de Esquerra Unida, según el último
informe al que ha tenido acceso este periódico y que se realizó a
raíz del «caso Túnel de Sóller». El Tribunal señala que la
dirección socialista de Balears no facilitó el diario de la
contabilidad ni el detalle de los movimientos de las cuentas
patrimoniales y de gestión ni la documentación justificativa. La
dirección responsable, señala el informe del Tribunal de Cuentas,
justificó que la documentación solicitada "años 1989, 1990 y 1991"
fue destruida por tratarse de ejercicios ya fiscalizados.
No obstante, el Tribunal de Cuentas aplicó «técnicas de examen
analítico y comprobaciones en función de las respuestas obtenidas
de las entidades de crédito circularizadas y de la documentación
obtenida de las actuaciones fiscalizadas conjuntas de los
ejercicios 1988 y 1989». Según el Tribunal de Cuentas, en la
contabilidad se pudo comprobar «falta de concordancia interna entre
los datos aportados, que no han podido ser contrastados con la
documentación justificativa ni han sido aclarados por el
partido».
El Tribunal de Cuentas señala en su último informe que de las
comprobaciones de las operaciones del PSOE con entidades de crédito
en el ejercicio 1989 y de las respuestas resultó la existencia de
un saldo acreedor en cuenta de 32.031.283 pesetas, cancelado por la
entidad de crédito, sin que dicha cantidad constara como entrega de
fondos. Tampoco se registró un préstamo con saldo de 5.296.769
pesetas a 31 de diciembre de 1989.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas comprobó que a partir de 1992
se fueron transfiriendo a la sede regional del PSOE en Balears
diversas subvenciones extraordinarias para satisfacer deudas de la
dirección isleña. En total, la ejecutiva federal envió al PSOE
balear al final del ejercicio 95 un total de 256 millones de
pesetas.
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