El PP remitió ayer un comunicado en el que pide a los socialistas
de Balears que clarifiquen si recibieron una donación de 32
millones de pesetas. Los populares entienden que si se verificase
el contenido del Tribunal de Cuentas relativo a la condonación de
32 millones al PSOE por parte de una entidad bancaria se habría
incurrido en un proceso de donación. «Esta circunstancia suscitaría
múltiples interpretaciones en torno a las razones que motivarían
esta supuesta donación y a plantear como mínimo dos preguntas:
¿aportó alguien al banco el dinero del préstamo?; ¿recibió la
entidad bancaria alguna contraprestación a cambio de la
cancelación?», denuncia el PP. Los populares no entienden que el
PSOE tuviesen una deuda de 256 millones en concepto de gastos
electorales si la normativa establece un límite de 15 millones.
«¿Cómo es posible que el PSIB mantuviera una deuda de 256
millones de pesetas en concepto de gastos electorales si la
normativa vigente establece que las campañas que se llevan a cabo
en el ámbito autonómico no pueden sobrepasar los quince millones de
pesetas?», cuestiona el PP.
Los populares quieren que el PSOE también explique cuál fue el
montante total del préstamo que con fecha de 31 de diciembre de
1989 arrojaba un saldo de 5'2 millones de pesetas, y cuya
tramitación no figura en ningún documento contable. El PP pregunta
los motivos por los cuales el «aparato socialista» se negó a
colaborar con el Tribunal de Cuentas y rehusó entregarle la
documentación contable de los ejercicios de 1989, 1990 y 1991.
Por otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo
Nieto, presentó ayer el informe de fiscalización sobre la
contabilidad de los partidos políticos en Balears ante la Comisión
Mixta del Congreso, informe en el que se destacan las
irregularidades antes mencionadas en las cuentas del PSOE, sobre
las que informó este periódico en la edición de ayer. Sobre las
cuentas del PP señaló que «en el análisis de los estados
financieros no se han constatado la existencia de incumplimientos
sobre lo regulado en la Ley 3/1987 de 2 de julio sobre financiación
de los partidos, salvo el otorgamiento no previsto en dicha Ley de
aportaciones por distintas Corporaciones Locales y de subvenciones,
de cuantías poco significativas, concedidas por el Gobierno Balear
a la organización Nuevas Generaciones», sostiene en su informe
Ubaldo Nieto. La petición de este informe fue iniciativa de la
oposición a raíz del «caso del Túnel de Sóller» en el que se vio
implicado Cañellas.
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