La entrada en funcionamiento de la planta desaladora, prevista para
el mes que viene, tendrá dos consecuencias directas: el suministro
inicial de 28.000 metros cúbicos diarios de agua de calidad y el
incremento de la actual tarifa del agua. El conseller de Medi
Ambient, Miquel Ramis, acompañado por representantes de EMAYA,
Calvià 2000 y responsables de la obra, visitó ayer la planta con
motivo del inicio del periodo oficial de pruebas.
El responsable de la planta, Miguel Torres, explicó durante la
visita que producir un metro cúbico de agua cuesta unas 100
pesetas, cantidad superior a las 67 pesetas que cobra en la
actualidad EMAYA por el suministro. En consecuencia, tanto el
conseller de Medi Ambient como la presidenta de EMAYA, Maria
Crespo, reconocieron que la tarifa del agua subirá, a menos que las
instituciones decidan subvencionarla estableciendo un precio
«político».
En cualquier caso, Miquel Ramis quiso dejar claro que el
problema de Balears es de suministro, no de precio, y este
suministro de calidad quedará ahora garantizado con la entrada en
funcionamiento de la desaladora.
El periodo de pruebas que comenzó ayer se prolongará por espacio
de dos o tres semanas de manera que, a principios de junio, podrá
establecerse el suministro de agua desalada a las redes de Palma y
Calvià. En la primera fase, la planta producirá 28.000 metros
cúbicos de agua al día, dos tercios de su potencial total. Hasta
dentro de un mes no estará a pleno rendimiento para abastecer a la
red con los 42.000 metros cúbicos diarios que puede tratar. La
planta está concebida de una manera modular, de forma que en el
futuro puede ser ampliada para suministrar otros 21.000 metros
cúbicos diarios adicionales.
Durante la visita, el conseller de Medi Ambient aprovechó para
contestar a los «agoreros que dicen este año no habrá agua porque
la realidad es cabezona y aquí estamos iniciando el periodo de
pruebas cuatro meses antes de lo previsto».
Miquel Ramis no descarta una posible
privatización
El conseller de Medi Ambient, Miquel Ramis, no descartó ayer la
posibilidad de llegar a la privatización de la gestión futura de la
planta desaladora, si bien precisó que es fundamental tener en
cuenta que el agua es un bien público. «Sin perder de vista esta
premisa "afirmó", puede estudiarse una futura privatización de la
gestión como puede estudiarse otra opción».
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