10/06/99 0:00
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L.H. / P.C. El acuerdo alcanzado entre las tres principales instituciones públicas de Mallorca "Govern balear, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma" para crear un fondo de 4.000.000 de pesetas con el que avalar el alquiler de viviendas de los inmigrantes africanos no ha pasado aún del plano teórico al práctico y Cruz Roja, encargada de gestionar el dinero público, continúa sin poder ayudar a los trabajadores extranjeros a encontrar una vivienda. La demora en la plasmación del acuerdo en un convenio está creando incertidumbre entre el colectivo de inmigrantes subsaharianos que en el tiempo que llevan residiendo en Palma no han conseguido alquilar una vivienda y se han visto obligados a vivir a la intemperie o en tiendas de campaña en el exterior de Ca l'Ardiaca. Los responsables del centro Ca l'Ardiaca temen que, cuando éste cierre sus puertas el 30 de junio para hacer frente a la reforma del edificio, los inmigrantes se vean de nuevo en la calle.

La Direcció d'Acció Social del Govern balear asegura que está pendiente de que el Consell de Mallorca, que es quien tiene competencias en materia de inmigrantes, convoque a las partes para firmar el convenio, ya que «el Govern ya ha aprobado la aportación de los dos millones de pesetas a este fondo», señalaron a este periódico fuentes de la Conselleria de Presidència.

Por su parte, la delegada de Foment i Ocupació del Consell de Mallorca, Catalina Bover, atribuyó ayer al Govern la responsabilidad del tema y declaró que «no está dando una respuesta a la problemática de la inmigración, ya que no hay ningún tipo de planificación porque todavía se está a la espera de la aprobación del Plan de Inmigración. El problema no viene por quién tiene las competencias "añadió Bover", sino por quién tiene el dinero».