La Federación de Administración Pública presentó ayer un recurso
contencioso administrativo especial para la protección de los
derechos fundamentales de la persona contra el decreto del Govern
que modifica el procedimiento de selección de funcionarios
interinos en la Comunitat Autònoma. Fuentes de dicha federación
explicaron que el decreto aprobado el pasado 4 de junio permite a
los interinos que en la actualidad ocupan plaza en la CAIB mantener
su trabajo durante al menos seis años pese a que no aprueben las
oposiciones previstas para finales de año.
El recurso presentado por CC OO es de las mismas características
del presentado en su día contra las oposiciones de la Comunitat.
Este sindicato señala que el decreto es inconstitucional e ilegal
en cuanto que antepone el criterio de antigüedad a los principios
de igualdad, mérito y capacidad. El Consell Consultiu emitió un
informe desfavorable sobre este decreto el 18 de mayo, advirtiendo
que era inconstitucional.
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT
denunció ayer en un comunicado «la absoluta falta de ética
demostrada por el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones (Jaume
Matas) que, tras conocer perfectamente y con antelación el
contenido del dictamen (del Consell Consultiu) contrario en esencia
a lo decretado, firmó la disposición publicada en el Bocaib».
Para este sindicato, «los preceptos constitucionales deben ser
los fundamentos de toda acción pública, política de personal
incluida, y la transparencia adornar todo proceso de negociar». Es
por ello que la FSP-UGT manifiesta su satisfacción sobre el
pronunciamiento del Consell Consultiu «en relación al decreto de
blindaje de los puestos de funcionarios interinos, dictado por el
president Matas, pocos días antes de los comicios locales,
autonómicos y europeos».
Tanto UGT como CC OO han mostrado su disposición a negociar un
pacto de estabilidad en el empleo de la CAIB «siempre que éste se
ajuste a los principios constitucionales y se proceda con la máxima
transparencia y seriedad».
Asimismo CC OO está estudiando la presentación de una querella
criminal por prevaricación contra la consellera de Funció Pública,
Pilar Ferrer, y el director general de la citada conselleria, Diego
Llabrés. Esta querella se basaría en haber elaborado un informe
favorable al polémico decreto pese a las advertencias del Consell
Consultiu.
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