Los jueces de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Balears (TSJB) están estudiando la
suspensión de las oposiciones convocadas en abril por la
Conselleria de Funció Pública i Interior del Govern y que está
prevista su celebración para el próximo mes de octubre.
Ello se produce después de que los jueces hayan aceptado a
trámite el recurso presentado por la Federación de Servicios
Públicos de UGT en Balears contra la resolución del Govern por la
que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en
determinados cuerpos y escalas de la administración general y
especial de la Comunitat mediante el sistema de acceso libre.
Este sindicato además de impugnar las oposiciones a la CAIB por
la vía contencioso administrativa ordinaria pidió la suspensión del
proceso que ahora está en estudio. Tona Estrades, portavoz de dicho
sindicato en la Comunitat Autònoma, señaló a este diario que los
recursos presentados tiene su razón de ser en «la gran
discriminación que estas oposiciones significan tanto para una
parte de los interinos como para el ciudadano de la calle que no
tiene ninguna posibilidad de obtener una plaza».
En este sentido, UGT explica que sólo se puntúa la formación de
los interinos si estos han hecho un curso de la Comunitat Autònoma
pero no de otros organismos «tan oficiales y reconocidos como
Forcem». Asimismo sobre la marginación de interinos, Estrades
explica que «en Balears hay interinos que llevan diez o más años en
la Comunitat y no se les favorece a la hora de poder convertirse en
funcionarios. Sólo se tiene en cuenta a los que llevan menos de
seis años y los más antiguos salen muy perjudicados».
La portavoz de la Mesa General de Funció Pública por UGT
manifestó a Ultima Hora que la convocatoria y las
condiciones de las oposiciones «favorecen a un grupo muy específico
de interinos». Asimismo, señala que los ciudadanos de la calle
prácticamente no tienen ninguna posibilidad de acceder a las plazas
que convoca la Comunitat. Fuentes del sindicato no dudan en afirmar
que es un nuevo caso del «enchufismo que el Govern del PP nos tiene
acostumbrados».
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