El cambio de signo político en el Govern plantea más de una
incógnita en el terreno sanitario y más de un problema en los
próximos cuatro años en los que Balears tiene que asumir las
competencias.
El mismo color político en Balears y Madrid ha permitido llegar
a acuerdos como el firmado por el todavía president en funciones,
Jaume Matas, y el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaria,
para la cofinanciación del Hospital de Inca y la cogestión del
futuro hospital Palma II (Hospital General Son Llàtzer) mediante un
consorcio. Asimismo, ha permitido que cuando Insalud balear y
Conselleria de Sanitat hablasen sobre gestión sanitaria ambos
coincidiesen en elogiar las fundaciones (gestión privada de la
sanidad) pese a las críticas de los partidos de la oposición (que
defienden la gestión pública) que este viernes pasarán a tomar el
mando.
En los próximos días se reunirá la Mesa Sectorial de Sanidad en
Madrid que dará el visto bueno al decreto que regula las nuevas
fórmulas de gestión. Estas son las fundaciones sanitarias públicas
y, entre otras, el consorcio. Fórmulas que han sido duramente
criticadas por Esquerra Unida y el PSIB-PSOE, partido político que
estará al frente de la Conselleria de Sanitat.
Son Dureta (y también Can Misses y Monte Toro) ya ha anunciado
su intención de convertirse en una fundación sanitaria pública
cuando esté aprobado el decreto de Madrid pero dentro del sector
sanitario se cuestiona esta decisión. Y es que en menos de cuatro
años, con el traspaso de las competencias sanitarias, Son Dureta
pasará a depender del Govern y cualquier decisión que se tomara sin
la opinión de los nuevos inquilinos de la Conselleria de Sanitat
supondría un atentado contra un Govern que tiene el poder en la
ordenación sanitaria pero no las competencias de la sanidad.
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