«Antoni Cuart no se lucró con el dinero del Túnel, y hay que
recordar que una parte se quedó en el PP», dijo ayer el abogado
defensor del ex presidente de la Compañía Concesionaria del Túnel
de Sóller, Joan Buades, en la exposición de sus conclusiones
definitivas. El letrado insistió ante el tribunal de la sección
primera de la Audiencia de Palma que procede la absolución de su
cliente por prescripción de los delitos de que le acusa, estafa,
apropiación indebida y falsedad documental.
En un momento de su alegato, Buades acusó al fiscal, Joan
Carrau, de «vulnerar el principio de legalidad» en sus tesis
acusatorias, lo cual «sienta un precedente peligroso y grave»,
señaló. «Estamos ante un homicidio sin muerto», dijo Buades al
intentar restar validez a las acusaciones formuladas por Carrau.
Con respecto al principal testigo de cargo, Rafael Maortúa,
presidente de la Compañía Hispanoamericana de Promociones y
Construcciones, Buades le calificó de «principal falsificador de
facturas de este país».
Carrau, por su parte, reiteró su escrito acusatorio y lo
defendió recordando sentencias anteriores dictadas en los casos
Banesto, Argentia Trust y Rumasa. «El acusado (Cuart) disfrazó el
balance de la compañía, realizó malabarismos y concertó salidas de
dinero irrefutables que perjudicaron a 767 accionistas», dijo el
fiscal. El tribunal de la Audiencia de Palma dejó el juicio visto
para sentencia.
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