La sentencia del Tribunal Constitucional anulando la decisión
contra HB adoptada por el Supremo hace un año y medio ha caído en
este país como una bomba. Aunque conocida desde hace semanas por
constantes filtraciones, la resolución de este caso no ha dejado de
sorprender a propios y extraños.
Mientras unos proclamaban eufóricos que el Constitucional ha
echado por tierra los intentos políticos por hacer desaparecer a
Herri Batasuna, otros se lamentan por una decisión que también
consideran de cariz político, como un intento de altas instancias
gubernamentales por dar un paso adelante en el proceso de paz para
el País Vasco.
Pero seguramente ni unos ni otros tienen toda la razón. Quizá
los más acertados han sido quienes han interpretado la sentencia
del Constitucional en términos jurídicos, dejando los dimes y
diretes de la política para otra ocasión.
Si nos remitimos a la posición de los afines a la coalición
abertzale, hay que darles la razón en que, a la postre, el
Constitucional les ha amparado en los argumentos que presentaron en
el momento del juicio en el Tribunal Supremo. Y si escuchamos a
quienes critican la sentencia por el hecho de que beneficia al
proceso de paz, pues bienvenidos sean dichos beneficios, siempre
que sirvan para devolver la calma de una vez por todas a este
país.
Otro detalle que habría que analizar es la reacción de las
víctimas del terrorismo que, naturalmente, se han sentido
estafadas. Aunque no estaría de más que recordaran que ningún
político de la ex cúpula de HB ha empuñado jamás un arma, que se
sepa. Si así fuera estaría en la cárcel por un delito de sangre y
eso no es así. Y con todo se han pasado veinte meses en prisión.
Una cosa es el terrorismo y otra muy distinta la política. Y en
política, ya se sabe, uno puede defender lo que quiera.
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