Desde que el nuevo Govern balear relanzó a la palestra la idea
de imponer una ecotasa que sirva para sufragar los enormes gastos
que se derivan de la conservación del medio ambiente en Balears, el
tema no ha hecho más que crecer, con aplausos por parte de unos y
silbidos por parte de los otros.
Lógicamente, los empresarios del sector "con los hoteleros al
frente" se han colocado en la línea de enfrente rechazando la
propuesta política por considerar que los beneficios que puedan
obtenerse por ese método se traducirán en pérdidas para el negocio
hotelero.
Los ecologistas, y buena parte de la población, por contra, se
posicionan a favor de la idea, puesto que los turistas que nos
visitan "millones cada año" son quienes más territorio consumen,
más humos provocan con sus coches de alquiler, más carreteras
necesitan y más contaminan el mar con sus embarcaciones. Por lo
mismo, deberían ser ellos quienes contribuyan con una pequeña
cantidad a recuperar todo aquello que deterioran.
Sin embargo, entre unos y otros se encuentra el Govern, que no
quiere «pillarse los dedos» con este asunto. Decidido a hacer las
cosas bien desde el principio "y para que no ocurra lo mismo que
con el impuesto ecológico, que continúa en los tribunales a la
espera de lo que decida el Constitucional, aunque se espera que dé
la razón al Govern", los expertos del Ejecutivo se han puesto manos
a la obra para tratar de organizar la ecotasa de forma impecable.
Seguramente será imposible contentar a todos los sectores
implicados en un tema tan delicado como éste, pero lo que sí es
necesario es no precipitarse para que una propuesta como ésta se
haga desde la más estricta legalidad, de forma que a la larga nadie
pueda recurrirla y convertirla en el «rosario de la aurora».
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