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La llamada «caza de brujas» ha comenzado aunque desde otra óptica se afirme que lo que ha comenzado es la «caza de enchufados». Todo depende del color político con que se mire, pero lo que es absurdo es tener una Administración autonómica con más de 600 interinos fruto de años y años sin convocar oposiciones. A partir ahí se puede sospechar que durante ese tiempo se han ido colando amigos, familiares y compromisos políticos. Muchos de estos interinos han ocupado jefaturas, cerrando el paso a funcionarios de carrera, sumando puntos para poder quedarse la plaza en propiedad y convertirse en funcionario. ¿Y cómo han conseguido ser interinos? Los hay de todos los gustos. Desde los que se lo ganaron limpiamente mediante concurso hasta los que accedieron a plazas a las que sólo les faltaba llevar su nombre. Llegó el Pacte de Progrés y los interinos tiemblan. Si entraron por enchufe no merecen ser funcionarios. La culpa es que desde el principio las cosas se han hecho mal. Tantos años sin oposiciones, que se podrían haber convocado (no sirve la excusa de que el Gobierno tenía congelada la oferta pública de empleo), han viciado la realidad. Lo correcto es que los altos cargos sean afines al partido o partidos que gobiernan y que si hay un cambio político recojan los bártulos y se vayan a casa, a esperar otras elecciones. Es inadmisible, si no son funcionarios, que se queden en ese cajón de sastre en que se ha convertido la Administración autonómica. Nadie debe ser perseguido por sus adscripciones ideológicas, pero tampoco se debe acceder a un empleo público por razones políticas, salvo a puestos de confianza, en los que se debe cesar automáticamente cuando se produce un cambio de gobierno. El problema es definir qué plazas son de confianza y cuáles son técnicas, algo que debería quedar muy claro. Hay que regularizar la situación, convocar todas las plazas de funcionario y poner orden de una vez por todas. Eso sí, con transparencia e igualdad de condiciones. Y que el Pacte de Progrés no reproduzca los errores del pasado.