El nuevo Govern de les Illes Balears acaba de dar otra sonora
muestra de su inexperiencia en los asuntos del gobierno y esta vez
la metedura de pata parece algo más que anecdótica. El tema al que
afecta este desliz es nada menos que la protección del territorio
rústico de las Islas y con algo así no deben permitirse errores
porque está en juego una de las bazas de este gobierno de
izquierdas: el medio ambiente.
El caso es que la redacción de la nueva ley de regulación del
suelo es más que ambigua y eso, en un texto legal, induce a errores
muchas veces irresolubles. Los expertos juristas consultados por
este diario aún van más allá y califican la ley recién aprobada
como «técnica y jurídicamente muy deficiente». Quizá los nuevos
gobernantes hayan pecado de confiados al redactar una ley de la
importancia de ésta sin contar con el imprescindible asesoramiento
legal.
Y este error les ha llevado a incluir en el texto una
disposición transitoria única que parece querer decir exactamente
lo contrario de lo que realmente dice. «Tots els projectes de
construcció (...) que s'hagin presentat (...) tres mesos abans de
l'entrada en vigor de la presente Llei es resoldran s'acord amb la
normativa anterior». Este es el párrafo de la discordia. ¿Se
refiere a los tres meses anteriores a la entrada en vigor de la ley
(julio, agosto y septiembre)? ¿O quiere hacer alusión al tiempo
transcurrido antes de los tres meses anteriores a la presente
legislación?
La ambigüedad de la redacción puede provocar el efecto contrario
al que pretende la ley y dar licencia de construcción a todos
aquellos proyectos presentados durante los últimos tres meses, es
decir, coincidiendo con la avalancha de peticiones de edificación
en terrenos rústicos. Tendría unas consecuencias urbanizadoras
difíciles de resolver, hoy por hoy, con la Ley en la mano.
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